De Derecha Diario
El Estado mexicano controlará hasta el 55% de la generación eléctrica del país en una primera instancia, y se prevé llegar al 65% para el final del mandato del Presidente socialista. Las medidas traen aparejado un costo sideral en materia de inversión y capitalización del sector.
El presidente socialista Andrés López Obrador anunció oficialmente la estatización de 13 plantas eléctricas pertenecientes a la firma española Iberdrola. La operación involucra un costo de hasta 5.943 millones de dólares (109.920 millones de pesos) para el Estado mexicano solamente por la adquisición de los nuevos activos, y los recursos fueron obtenidos a través de un fideicomiso con participación estatal mayoritaria.
Se consuma el segundo gran episodio de nacionalización después de haberse anunciado la expropiación del 100% del litio en México el pasado 18 de febrero, prohibiendo expresamente la inversión privada y dando al Estado un celoso monopolio legal sobre la actividad.
“Hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE (Comisión Federal de Electricidad); es una nueva nacionalización”, anunció el Presidente socialista.
Con la nueva compra, la Comisión Federal de Electricidad incrementó su participación en el mercado de generación de energía eléctrica del 39,6% al 55,5%. Se trata de una reversión más importante registrada sobre el proceso de desregulación, descentralización y privatización llevado a cabo desde la década de 1990.
La participación del Estado en la generación eléctrica llegaría incluso al 65% para el final del sexenio del socialismo en el poder, la cuantía más significativa de los últimos 30 años. Asimismo, el peso del sector público se amplió drásticamente en la generación eléctrica sobre la región del noroeste del país, habiendo aumentado del 6,7% al 44,8%.
López Obrador anunció públicamente que la estatización “garantiza que no aumenten los precios de la energía”. La aplicación de precios políticos en reemplazo de precios de mercado solo desalienta activamente la producción, e incrementa la carga financiera a ser cubierta por transferencias del propio Estado.
El retroceso histórico marca un pésimo precedente para la llegada de la inversión extranjera directa al país, el dinamismo de la inversión local y la capitalización de uno de los sectores más importantes de la economía mexicana.
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (Imco) negó que se haya producido una estatización completa del sector eléctrico en el país, y si bien quedó sentado que el Estado ya controla la mayor parte del sistema, lo cierto es que su incidencia sobre el sector privado es mucho más pesada y trascendente que en otras economías latinoamericanas.
La reforma energética del presidente López Obrador determinó una posición especial y privilegiada para la Comisión Federal de Electricidad: todos los proyectos privados vinculados a la energía de cualquier tipo deben asociarse con este ente estatal para poder operar, o en su lugar a través de la petrolera estatal PEMEX. La participación directa del Estado en la energía se incrementó notoriamente, pero también lo hizo la intensidad de la regulación al sector privado.
