Caracas. – Nicolás Maduro daba órdenes directas a su cadena de mando, para que esta ejecutara los crímenes de lesa humanidad, según lo determinó el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
El documento señala que el líder de la Narcotiranía consultaba a un grupo íntimo muy cercano, con quienes discutía las acciones a llevar a cabo por los organismos represivos.
En este círculo se encuentran Tareck El Aissami, Néstor Reverol, la vice presidente Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, entre otros. Igualmente, el texto que acusa al tirano, asevera que mantiene una relación directa, personal y muy íntima con el Director General de la DGCIM, Iván Hernández Dala.
«El Director de la DGCIM, el General Hernández Dala, depende del Presidente (Maduro) y ha sido nombrado en razón de su lealtad. Existe un contacto frecuente, una estrecha relación entre ambos: el Presidente está informado de lo que ocurre en la DGCIM y da órdenes directamente al Director», indica el informe de la ONU.
En este sentido, también asegura que Maduro «tiene el poder de saltear las líneas oficiales de jerarquía dentro de la DGCIM, otorgando poder adicional a individuos específicos, como por ejemplo Granko Arteaga». Este elemento, Alexander Gramko Arteaga, funge como director de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, y es el responsable de varias torturas y asesinatos cometidos por ese organismo.
Entre estos crímenes figuran la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, y el ajusticiamiento del inspector del Cicpc, Óscar Pérez. Sobre el papel desempeñado por Diosdado Cabello en la maquinaria represiva, indicó que «ejercía una influencia significativa dentro del SEBIN, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización».
Además, también resalta el papel desempeñado por los llamados «agentes acreditados» dentro de la DGCIM y el SEBIN; indicando que estos «acreditados» pertenecen en realidad a los llamados colectivos, y aunque no reciben paga alguna, cuentan con algunos privilegios, como por ejemplo, tener derecho a portar credenciales de los organismos.
Estos sujetos se encargan de los «trabajos sucios» que Maduro y la Narcotiranía necesitan, y no pueden negarse a ejecutarlos, pues, hacerlo implica ser investigados y hasta desaparecidos por traición.
