Caracas. – La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela, exigió este lunes al narcorégimen de Nicolás Maduro detener inmediatamente la represión creciente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, así como iniciar investigaciones exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante estos sucesos.
En el comunicado que difundió por las redes sociales, la Misión de la ONU enfatizó que «las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas».
Asimismo, la Misión aseveró haber documentado múltiples abusos, incluidas muertes, detenciones arbitrarias y represión dirigida contra manifestantes y opositores al gobierno.
Los informes que maneja este organismo señalan que las manifestaciones y críticas surgidas tras las elecciones han desencadenado una respuesta represiva por parte del Estado, dirigida por sus máximas autoridades.
En este sentido, los informes precisan que, entre el 28 de julio y el 8 de agosto, ocurrieron 24 muertes relacionadas con las protestas, en su mayoría causadas por disparos siendo la mayoría de las víctimas eran hombres menores de 30 años.
Igualmente, estos documentos reportan más de 1.260 detenciones, entre las cuales se incluyen 100 menores de edad, en el contexto de las protestas postelectorales, la mayoría de ellas personas jóvenes y opositoras a la tiranía madurista.
Además, se ha documentado un patrón de detenciones arbitrarias, imputaciones sin pruebas y violaciones al debido proceso, afectando gravemente el Estado de derecho en el país.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, afirmó: «Las muertes denunciadas durante las protestas deben investigarse a fondo y, si se confirma el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y la participación de civiles armados en connivencia con ellas, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familias merecen justicia».
