Caracas. – La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela alertó este miércoles, que a pesar de los cambios políticos limitados que se están dando en el país, el aparato represivo del narcochavismo continúa intacto.
En su más reciente informe sobre la coyuntura del país en 2026, la misión determinó que «el aparato represivo del Estado venezolano permanece intacto y mantiene la capacidad de cometer violaciones de derechos humanos».
«A pesar de las limitadas mejoras observadas en la situación de los derechos humanos en Venezuela, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas», señaló el informe.
La misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, resumió al presentarse el documento la nueva presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher.
El texto afirma que, tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto del presidente Nicolás Maduro, la misión observó «una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas».
Además, en los meses siguientes al arresto de Maduro, las autoridades liberaron a cientos de personas que estaban detenidas por motivos políticos y suavizaron ligeramente las normas sobre manifestaciones y la participación de la sociedad civil, afirman los investigadores.
Sin embargo, el grupo lamenta la ausencia de «reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos».
«Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas», alertan.
El informe advierte, que tanto periodistas como otros actores de la sociedad civil, siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana, y al menos 19 funcionarios que la misión identificó en informes previos como responsables de graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando puestos clave en el régimen.
