Caracas. – Este jueves, Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo en Venezuela Edmundo González, fue excarcelado tras pasar más de un año en prisión, acusado entre otros cargos de presuntos terrorismo y conspiración contra el narcorégimen chavista de Nicolás Maduro.
«Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada», explicó Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González, en su cuenta de al red social X.
Cabe recordar que a Tudares lo detuvieron el 7 de enero de 2025 —tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años—, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.
Durante dos meses se desconoció el paradero de Tudares y el propio Edmundo González denunció su desaparición en un artículo publicado en el diario español El País donde se declaraba como el legítimo presidente electo de Venezuela.
Tras un rápido juicio, se anunció en diciembre pasado que el abogado había sido condenado a 30 años de prisión por «terrorismo, asociación para delinquir y conspiración». En su mensaje en X, Mariana González escribió que en el juicio contra su esposo «no existen testigos, ni existen evidencias, ni hecho demostrables en contra de Rafael que constituyan delitos».
Igualmente, agregó que había sido objeto de al menos tres intentos de extorsión de personas vinculadas a las autoridades venezolanas, la Iglesia y otros para condicionar la libertad de Tudares. «Se llevaron a cabo en embajadas y espacios donde opera el Arzobispado (de Caracas), y en oficinas que públicamente afirman defender derechos humanos», aseguró.
Tras la liberación de su esposo, Mariana González también agradeció «muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad» y al «Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias».
