Caracas. – La represión ejercida por la Narcotiranía tras las elecciones presidenciales se dirigió principalmente hacia las zonas más pobres del país, las cuáles eran consideradas, en años anteriores, como «bastiones de la revolución», según lo reveló el más reciente informe presentado por la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Este estudio revela que la ola de protestas que siguió a las recientes elecciones presidenciales demuestra que un nuevo modelo represivo implementado por el narcorégimen ha cobrado fortalecimiento y afianzamiento, y es que, por primera vez, desde 2019, se observa una fuerte represión a protestas en sectores populares.
La OVCS documentó 915 protestas en apenas 48 horas, durante los pasados 29 y 30 de julio, tras el anuncio de los resultados electorales, cifra que la ONG considera ya de por sí alarmante.
En este sentido, el informe precisa que los ataques ordenados por la Narcotiranía de Nicolás Maduro esta vez fueron dirigidos hacia los habitantes de antiguas zonas chavistas.
Un total de 192 de estas protestas se concentraron en Distrito Capital y Miranda, siendo el 80% de ellas en barrios o zonas populares, como la barriada de Petare (Miranda), una zona considerada tradicionalmente afín al régimen.
Cabe señalar que la represión ordenada por la tiranía madurista en estos barrios, cobró el saldo de 10 vidas. Mientras, el estudio indica que los municipios Sucre y Libertador de Caracas, con 74 y 69 manifestaciones respectivamente, se convirtieron en símbolos de la resistencia popular y, consecuentemente, en blancos primarios de la represión estatal.
No obstante, la ONG destaca que, a partir del 29 de julio, el 75% de las protestas reprimidas ocurrieron en barrios pobres. OVCS indica que, al parecer, se trata de «una estrategia deliberada para silenciar a quienes más sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja».
Asimismo, pone de ejemplo la llamada operación «tun-tun», consistente en allanamientos sin ningún tipo de órdenes o permisos, a residencias de manifestantes, ejecutada por el SEBIN, mecanismo que se implementó principalmente en las barriadas para infundir temor en la población.
Las cifras oficiales sobre el número de detenidos señalan que más de 2,229 personas han sido apresadas bajo cargos de «terrorismo» e «incitación al odio».
La ONG alerta que «estos términos, deliberadamente ambiguos, permiten al gobierno criminalizar prácticamente cualquier forma de disenso».
