ONG rechazan y critican anuncio sobre fin de la ley de amnistía

Caracas. – Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos, rechazaron de forma categórica el anuncio sobre el fin de la ley de amnistía, realizada por la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, calificando a la medida como un «atropello» y una «arbitrariedad».

ONG como Provea, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Espacio Público, se pronunciaron sobre la culminación de la citada ley, al advertir que la dictadura no tiene la facultad legal para derogar una ley que no establece fecha de caducidad.

Las ONG denuncian que esta decisión constituye un «atropello al Estado de derecho» y genera una grave inseguridad jurídica. Aseguran que el anuncio envía una señal alarmante a los tribunales, instruyéndolos de facto para desestimar solicitudes de libertad de los cientos de presos políticos que aún permanecen detenidos.

JEP calificó como un «grave atropello al Estado de Derecho» a la finalización de la Ley de Amnistía, argumentando que un instrumento de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurado por una decisión administrativa del Ejecutivo. Por su parte, Provea aseguró que la medida es «arbitraria» e «inconstitucional» y vulnera los principios del Estado de derecho en el país.

Igualmente, Espacio Público criticó el anuncio oficial sobre el fin de la ley de amnistía, enumerando varias irregularidades detectadas durante la vigencia del reglamento.

Entre las fallas figuraron las irregularidades en la juramentación de la defensa de confianza, la negativa de información a las víctimas de su estado procesal de la causa, así como los impedimentos de revisión de expedientes.

La ley, promulgada tras la salida de Nicolás Maduro del poder, buscó conceder amnistía general por hechos políticos ocurridos entre 1999 y febrero de 2026, con el fin declarado de promover la reconciliación y la convivencia democrática.

Según cifras oficiales, benefició a más de 8.600 personas con libertades plenas. No obstante, la norma no estableció una fecha de caducidad ni contempló su terminación unilateral por parte del Ejecutivo.