Caracas. – La decisión sobre las inhabilitaciones políticas quedará en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del chavismo, según lo confirmó este jueves el reino de Noruega, el cual informó en un comunicado el acuerdo pactado entre la Plataforma Unitaria y la narcotiranía de Nicolás Maduro.
Las partes pactaron un «procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas (…) a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024», indicó el texto difundido por el país nórdico.
Figuras políticas que desean aspirar a la presidencia de la república y deben medirse en las elecciones de 2024, como es el caso de María Corina Machado, ahora deberán discutir su estatus ante el TSJ, según el acuerdo concretado este jueves.
La diligencia deberán hacerla específicamente en la Sala Político Administrativa, encabezada por un magistrado que viene de trabajar políticamente para el régimen.
Esta Sala está conformada por el presidente magistrado Malaquías Gil Rodríguez, y por los magistrados suplentes Eulalia Guerrero Rivero y Emilio Ramos González desde el 2022.
Así, los dirigentes afectados tendrán 15 días hábiles para presentar sus solicitudes, a fin de que se inicien los respectivos procesos de revisión.
Tal como lo señala el documento, «cada uno de los interesados acudirá personalmente a la Sala Político-Administrativa del TSJ» para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, «acompañada de un amparo cautelar», entre el 1 y el 15 de diciembre.
Cane mencionar que la decisión se tomó justamente el último día en el que venció el plazo otorgado por Estados Unidos para que el narcorégimen de Maduro habilitara políticamente a los candidatos opositores, y también liberara a los presos políticos, so pena de que eliminaran los alivios a las sanciones económicas.
En las redes sociales calificaron la decisión como «una huida hacia adelante», por parte de la tiranía, y también como un mecanismo que solo busca comprar algo de tiempo para el régimen genocida.
También, las críticas se concentraron en alegar que el TSJ es uno de los entes ejecutores del aparato represivo de Maduro, y es el mejor ejemplo de la ausencia de separación de poderes en Venezuela.
