Por @lerogarrett
En medio de las discusiones sobre el futuro político de Venezuela tras un hipotético fin del chavismo, este servidor presenta una propuesta de establecer un proceso escalonado de re-institucionalización diseñado para restaurar poner a funcionar, sin dilaciones, la maquinaria del Estado sin retardos ni deliberaciones atentatorias a la autoridad esperada en ejercicio, preservados aquellas prácticas institucionales que deben ser legado vigente donde la tradición siempre es abordada por el borrón y cuenta nueva.
La transición del poder va a ser de todo menos pacífica. Se restablecería la normalidad institucional de la manera siguiente;
1. Acta Constitutiva del Gobierno de Transición: Ante el vacío de poder generado por la caída del régimen, se propone la inmediata creación de un acta constitutiva que establezca un gobierno interino. Este documento reactivaría provisionalmente la Constitución de 1961, considerada un pilar democrático pre-chavista. Paralelamente, se convocaría a elecciones para un Congreso Constituyente constituido, cuya misión principal sería revisar y enmendar dicha constitución, adaptándola a las realidades contemporáneas como la integración digital, derechos ambientales y equidad económica. Esta fase inicial garantizaría estabilidad inmediata mientras se construye un marco legal moderno vía enmiendas.
En paralelo a ello:
2. Comisión de la Verdad: Para abordar las violaciones sistemáticas ocurridas bajo el chavismo, su oposición perfecta y otros actores colaboracionistas, se crearía una Comisión de la Verdad independiente, integrada por juristas, víctimas relevantes. Su objetivo sería investigar y determinar la responsabilidad civil y penal de funcionarios del régimen y sus colaboradores, documentando abusos como traicion, corrupción, represión y malversación de fondos. Esta entidad no solo recopilaría testimonios y evidencias, sino que también recomendaría reparaciones para las víctimas, fomentando la reconciliación nacional sin caer en vendettas políticas.
3. Tribunal Especialísimo para Crímenes Contra la Nación: Un tribunal de alto nivel, dedicado exclusivamente a enjuiciar los delitos graves cometidos durante el chavismo –incluyendo crímenes contra la soberanía nacional, humanidad, tortura y desapariciones forzadas–, operaría con autonomía y recursos dedicados. Inspirado en modelos como los tribunales de Núremberg, Argentina, etc., este órgano aseguraría juicios justos y transparentes, priorizando la aplicación de leyes internacionales para evitar impunidad. Su creación respondería a la necesidad de justicia expedita, separada de los tribunales ordinarios para manejar la magnitud de los casos.
4. Ratificación por el Congreso Constituyente: Tanto la Comisión de la Verdad como el Tribunal Especialísimo adquirirían rango constitucional una vez ratificados por el Congreso Constituyente recién electo. Tras la instalación de las cámaras legislativas, una ley especial formalizaría su estructura, financiamiento y procedimientos, asegurando su legitimidad democrática. Esta etapa final integraría estos mecanismos al nuevo orden constitucional, previniendo retrocesos y promoviendo un estado de derecho duradero.
En un plazo de tres años, sentadas las bases institucionales, aboliendo la impunidad y perfeccionando la libérrima Constitución Democrática del 61, el gobierno nacional para la transición podrá llamar a elecciones presidenciales. Previo a un indispensable pacto de gobernabilidad suscrito por todas las fuerzas políticas. Dicho pacto será explicado en otra nota.
