Caracas. – El contenido del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, documento que busca perdonar delitos políticos cometidos en Venezuela desde 1999, fue revelado este viernes gracias a una publicación en redes sociales del diputado «alacrán» Luis Florido.
“Hacemos público el proyecto de Ley de Amnistía, con el cual iniciaremos el trabajo legislativo de la Comisión Especial designada para tal fin, de la cual formamos parte. Aspiramos a que Venezuela pueda avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional, a partir de la aprobación de esta ley, cumpliendo con los pasos constitucionales correspondientes: la consulta pública, la segunda discusión parlamentaria y, finalmente, el ejecútese por parte de la Presidencia de la República”, anunció el diputado (UNT) Luis Florido, pasado el mediodía de este 6 de febrero, en su cuenta de la red X.
“Aspiramos a que Venezuela pueda avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional, a partir de la aprobación de esta ley, cumpliendo con los pasos constitucionales correspondientes: la consulta pública, la segunda discusión parlamentaria y, finalmente, el ejecútese por parte de la Presidencia de la República”, indicó.
Igualmente, añadió que con eso la ley puede marcar “este paso histórico por la paz y la unión de todos los venezolanos”.
La publicación del texto, que contiene 13 artículos, ocurre luego de que organizaciones de derechos humanos y actores de la sociedad civil cuestionaran que el proyecto fuese debatido sin que su contenido se conociera oficialmente, y exigieran mayor transparencia sobre el alcance de la iniciativa.
Amnistía general desde 1999 y hechos incluidos
Según el documento, la ley concede una amnistía general y plena a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos cometidos entre el 1° de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026, en el contexto de hechos de violencia por motivos políticos.
El proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática identifica 10 episodios concretos de la historia reciente de Venezuela, para su aplicación:
- El golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
- Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero, ocurridos entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en febrero y marzo de 2004.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en agosto de 2004.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en mayo de 2007.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos entre febrero y junio de 2014.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto de 2017.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos entre enero y abril de 2019.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
La propuesta ha sido interpretada por el oficialismo como un paso para impulsar el diálogo político y la convivencia democrática. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han mostrado una mezcla de esperanza y cautela, resaltando la necesidad de que la amnistía no se convierta en un pretexto para evitar rendición de cuentas por graves violaciones.
