Caracas. – Haber realizado operaciones ilícitas con José Gregorio Vielma Mora, tres empresarios colombianos, dos coacusados no identificados y también con varios altos funcionarios del narcorégimen chavista, admitió este martes el principal testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, durante su presentación ante un tribunal federal de Florida.
Como ya se sabe, el empresario colombiano de 54 años, se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida. No obstante, ya se había presentado como «no culpable» el 24 de julio tras haber sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el interinato chavista de Delcy Rodríguez.
En su declaratoria de este martes, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro estaba al frente de la Narcotiranía, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con “sobornos” y “pagos ilegales” del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.
Fue cuando mencionó como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador ilegítimo de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.
Sin embargo, Saab admitió también haber realizado operaciones ilegales con ‘co-acusado 1’ y ‘co-acusado 3’, quienes son dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública en la audiencia. Más aún, se sospecha que se trata de altos funcionarios del narcorégimen interino.
Pero, además, el detenido aseguró que “acordó lavar dinero y cometer fraude” con “altos miembros del Gobierno (narcorégimen chavista) de Venezuela”. Analistas y expertos consultados por algunos portales noticiosos, indican que esta última mención, sobre destacados integrantes de la cúpula narcochavista, podría abrir nuevas líneas investigativas.
Los expertos y testimonios sobre la audiencia coinciden en destacar, que a cambio de una reducción de pena, Saab accedió a «cooperar plenamente» con el DOJ con «la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas» en «cualquier juicio o proceso» judicial que pida el Gobierno estadounidense.
“Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito”, establece el pacto.
Saab accedió a entregar USD$ 195 millones, propiedades y bienes derivados de los crímenes a la Fiscalía, que fijó un plazo de catorce días para que revele todos los activos relacionados con los delitos.
Bajo estos pactos, el testaferro de Maduro logró que el Gobierno estadounidense aceptara pedir una sentencia menor para su caso. Saab podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión y una multa de USD$ 500,000, según el acuerdo de 12 páginas.
