Por varias semanas, la capital de Canadá, Ottawa, ha visto una de las más grandes manifestaciones públicas y actos de desobediencia civil en la historia reciente. Las protestas del Freedom Convoy comenzaron cuando cientos de camioneros formaron una caravana que iba a Ottawa oponiéndose a la vacunación obligatoria de camioneros que cruzaban la frontera Estados Unidos – Canadá. Eventualmente, el objetivo de las protestas se transformó en una oposición más amplia a las restricciones por COVID-19.
El movimiento de protestas vio bloqueos de media docena de puntos fronterizos en su punto más alto, incluyente rutas clave entre Windsor, Ontario, y Detroit, Michigan. A los manifestantes se le han dado un ultimátum para irse o corren el riesgo de ser arrestados y sus camiones confiscados.
El lunes, 14 de febrero, el Primer Ministro Justin Trudeau, invocó las Emergencies Act por primera vez en la historia de Canadá bajo el pretexto de los continuos bloqueos y protestas contras las restricciones y mandatos por COVID-19.
Las Emergencies Act le otorgan al gobierno federal poderes extraordinarios. Estos incluyen la prohibición de salida a y desde asambleas públicas, obligar a las plataformas de recaudación de dinero y a los bancos a congelar los bienes de cuentas que financien a los manifestantes, forzar a las compañías de remolque a remover vehículos bloqueando autopistas y otras infraestructuras críticas, y establecer zonas en donde la asociación pública está prohibida, como aeropuertos y puntos de cruce fronterizos.
Esta semana la policía empezó a hacer arrestos en el centro de Ottawa. Docenas de manifestantes han sido detenidos, incluyendo dos líderes del Freedom Convoy, y docenas de vehículos han sido confiscados. Las autoridades también se han movido para congelar las cuentas bancarias y asfixiar cualquier transacción de recaudación o criptomonedas que sea para apoyar a los manifestantes.
El Primer Ministro, Justin Trudeau, dio el extraño paso de declarar una emergencia de orden público. Por ley, las Emergencies Act solo pueden ser implementadas en emergencias – situaciones críticas y urgentes que coloquen en peligro la vida, salud o seguridad de los ciudadanos y no pueden ser resueltas bajo ninguna legislación existentes. Lo que sucede en Canadá no cumple estos requerimientos, sino que representa el alcance excesivo del gobierno y una violación a la libertad individual.
En Estudiantes por la Libertad (SFL por sus siglas en inglés), creemos que esta conducta representa violencia estatal y es inaceptable en una sociedad libre y cívica. El gobierno es el principal responsable de crear un ambiente que proteja los derechos individuales y garantice que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asociación sin amenazas de intimidación o acoso.
SFL está con los canadienses y sus aspiraciones por un futuro más libre. Apoyamos su llamado para que el estado respete sus derechos de moverse libremente, que se expresen, y que mantengan manifestaciones pacíficas. Cualquier cosa que viole esos derechos es un ataque sobre la libertad individual.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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