Un total de 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) han exigido a la narcotiranía somete a Venezuela que emita de forma «inmediata» salvoconductos para las seis personas que se encuentran en calidad de asilados en la Embajada argentina en Caracas.
Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, EE. UU., Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Paraguay han reafirmado su «compromiso con la protección de los Derechos Humanos, la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas», así como «el pleno respeto al derecho de asilo diplomático».
En la declaración —leída por el representante de Uruguay ante la OEA, Raúl Florentín, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente— han recordado que los esbirros del régimen han llevado a cabo «actos de hostigamiento» contra la legación diplomática, actualmente bajo protección de Brasil, «mediante la presencia intimidatoria de personal armado».
Los países han recordado que se han producido cortes de energía eléctrica y agua corriente, así como una interrupción en el ingreso de alimentos y agua, algo que «representa una situación de peligro para su vida e integridad personal».
En este sentido, han afirmado que estas acciones «de hostigamiento y asedio constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional, en particular a los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena» que obligan a tomar medidas para proteger a las embajadas diplomáticas.
De la misma forma, los países han recordado que la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 «impone al Gobierno venezolano la obligación de otorgar» la seguridad suficiente para que los asilados puedan abandonar el país «sin que peligre su vida, su libertad o integridad».
«Los Estados miembros insistieron en el respeto de los Derechos Humanos y las libertades individuales y solicitaron a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano», ha zanjado, recordando así la resolución adoptada en agosto sobre Venezuela.