En un giro radical a la postura histórica del país frente a los migrantes, el Gobierno liderado por el presidente Abelardo de la Espriella ha dispuesto el inicio inmediato de operativos de la Policía Nacional y Migración Colombia para detener y deportar a extranjeros en situación de irregularidad. La nueva directriz prioriza la seguridad nacional y el control de fronteras sobre las políticas de regularización masiva e integración que venían implementándose en administraciones previas.
La medida abarca tanto el endurecimiento del monitoreo en pasos fronterizos estratégicos como el endurecimiento de los requisitos para la permanencia legal en el territorio nacional. Esta nueva orientación administrativa busca reestructurar los canales de atención y priorizar el combate contra el crimen organizado y la informalidad en zonas urbanas y de frontera.
Ante esto, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha enviado una carta al presidente de Colombia para expresar su preocupación por la medida y solicitar, respetuosamente, que se diferencia bien entre criminales y migrantes que están en condición irregular, pidiendo cuidar a los venezolanos de bien.
La carta en concreto expresa:
«25 de agosto de 2026
Señor
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Presidente de la República de Colombia
Bogotá, Colombia
Asunto: Solicitud de garantías para los migrantes venezolanos ante los nuevos operativos migratorios
Señor Presidente:
Me dirijo respetuosamente a usted, en mi condición de presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), para expresar nuestra preocupación ante el anuncio de operativos dirigidos a localizar y deportar a extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular en Colombia.
Reconocemos plenamente el derecho y la obligación del Estado colombiano de proteger la seguridad nacional, hacer cumplir sus leyes y actuar con firmeza contra cualquier persona —colombiana o extranjera— involucrada en actividades delictivas. Quienes cometan delitos deben responder individualmente ante la justicia, con respeto a las garantías constitucionales y legales.
Sin embargo, consideramos indispensable diferenciar claramente entre criminalidad e irregularidad migratoria. Carecer de documentación vigente no convierte automáticamente a una persona en delincuente ni debe generar una presunción colectiva de peligrosidad contra toda una comunidad.
Durante años, Colombia ha recibido generosamente a millones de venezolanos que escaparon de la persecución política, la crisis humanitaria y el deterioro institucional de Venezuela. Muchos de ellos trabajan, pagan impuestos, han formado familias y contribuyen diariamente al desarrollo económico y social de Colombia.
La aplicación generalizada de medidas de deportación podría colocar en peligro a venezolanos que necesitan protección internacional, especialmente opositores, militares disidentes, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas perseguidas. Su devolución a Venezuela podría exponerlos a detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas o represalias políticas.
Por estas razones, solicitamos respetuosamente a su Gobierno:
- Diferenciar públicamente entre los extranjeros que hayan cometido delitos y aquellos cuya única infracción sea no haber logrado regularizar su situación migratoria.
- Garantizar una evaluación individual antes de ejecutar cualquier deportación, respetando el debido proceso, el derecho a solicitar refugio y el principio internacional de no devolución.
- Excluir de los procedimientos de expulsión a las personas que puedan demostrar riesgo de persecución, tortura o amenaza contra su vida o integridad si regresan a Venezuela.
- Considerar un nuevo proceso de regularización para los venezolanos que trabajan, estudian, tienen hijos o mantienen vínculos familiares y comunitarios en Colombia.
- Evitar discursos o actuaciones que puedan criminalizar colectivamente a la comunidad venezolana o estimular actos de discriminación y xenofobia.
- Convocar a organizaciones venezolanas, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil para desarrollar una política migratoria que combine seguridad, legalidad y protección humanitaria.
Señor Presidente, combatir la delincuencia es legítimo y necesario. No obstante, convertir la irregularidad migratoria en una presunción de criminalidad sería injusto y podría afectar a cientos de miles de personas cuyo propósito es vivir, trabajar y contribuir dignamente a la sociedad colombiana.
Colombia ha sido un ejemplo internacional de solidaridad con el pueblo venezolano. Esperamos que su Gobierno preserve ese legado y adopte medidas que garanticen la seguridad de los colombianos sin desconocer los derechos fundamentales de quienes huyeron de una tragedia política y humanitaria.
VEPPEX manifiesta su disposición a participar en cualquier espacio de diálogo que contribuya a encontrar soluciones responsables, equilibradas y respetuosas de los derechos humanos.
Atentamente,
JOSÉ ANTONIO COLINA
Presidente
Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX).«
