Caracas. – A juicio fueron enviados este pasado miércoles en el estado Carabobo, siete menores de edad, quienes fueron secuestrados por el narco régimen en el marco de las protestas postelectorales, que desataron tras el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro.
Los jóvenes, entre los que figura una muchacha, y cuyas edades oscilan entre los 15 años y 17 años, están injustamente acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad.
La arbitraria decisión fue tomada durante la audiencia preliminar, por la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo, quien les planteó un chantaje para que aceptaran declararse responsables, de los falsos cargos que les imputan.
Ramos Castillo les dijo, que si se declaraban culpables, sólo pagarían una pena de 6 años y 8 meses, sin beneficios procesales. Pero, si rechazaban la oferta, irían a juicio con el riesgo de tener que cumplir los 10 años que pidió la fiscalía para los menores de edad. Ninguno de los menores aceptó asumir los falsos cargos, por lo cual fueron pasados a juicio, sin ninguna posibilidad de beneficios.
Los familiares de los muchachos contaron, que tenían esperanzas de verlos libres después de consignar un montón de documentos, durante los 62 días que llevan tras las rejas, para demostrar la buena conducta de sus hijos.
No obstante, sus aspiraciones se desvanecieron, tras escuchar la decisión tomada por la titular del Tribunal 2 de Terrorismo en Carabobo.
En la audiencia, primero intervino el fiscal para presentar los delitos por los cuales debían ser imputados y pedir una condena de 10 años. Posteriormente, tomó la palabra la defensora pública, Kelly Pérez, quien no consignó ante el juzgado los documentos que cada padre le entregó para demostrar la inocencia de sus hijos y su condición de estudiantes o deportistas, según propias declaraciones de la jueza Ramos Castillo.
Sus familiares denunciaron que fueron sometidos a fuertes torturas, para obligarlos a admitir que habían sido contratados por la «oposición» para manifestar.
Contaron que todos grabaron un video, en el cual admitían haber recibido 30 dólares en pago por salir a la calle a protestar. Lo hicieron luego de varios días de recibir golpes, tantos que algunos perdieron piezas dentales. Otro tiene las tetillas quemadas, porque le pusieron electricidad. Sin embargo, ninguno de los exámenes forenses exigidos por los familiares se realizó.
