Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes que cuatro adultos mayores murieron en cárceles venezolanas y en custodia del narcoestado chavista, entre el 19 y el 30 de septiembre.
Las víctimas, dos mujeres y dos hombres, eran reos cuyas edades superaban los 60 años. El 19 de septiembre murió Carmen Rodríguez, de 66 años, en el anexo femenino de Tocuyito, en Carabobo, a causa de un infarto agudo al miocardio. Cinco días después, el 24 de septiembre, falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, recluida en el Centro Penitenciario de Occidente I, estado Táchira, por un paro cardiorrespiratorio.
Luego, se registró el deceso de Hermes Carrero, de 63 años, quien falleció de un infarto el 30 de septiembre dentro del Internado Judicial de Barinas. El 26 de septiembre murió César López, de 68 años, en los calabozos de la Policía del municipio Juan Germán Roscio, estado Guárico.
De acuerdo con el observatorio, la muerte de Carrero ocurrió cinco días después de que una Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal visitara la cárcel para verificar tanto su funcionamiento como las condiciones de la población privada de libertad.
El OVP ha exigido investigaciones sobre las circunstancias de estos fallecimientos y ha reclamado que las autoridades garanticen atención médica oportuna a quienes permanecen bajo custodia.
“Una verdadera supervisión penitenciaria no consiste en recorrer instalaciones frente a una cámara, tomarse fotografías y luego difundirlas como evidencia del funcionamiento del sistema. Implica entrar a las áreas de reclusión, escuchar a los presos, revisar sus condiciones de vida e identificar a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, recordó.
La ONG también recordó los resultados de una investigación previa según la cual 7.414 personas permanecen detenidas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). De ese total, 181 tienen más de 65 años.
Asimismo, advirtió que estas personas permanecen incluso durante períodos prolongados en espacios diseñados para detenciones preventivas y no para funcionar como centros penitenciarios.
Según el OVP, mantener a adultos mayores privados de libertad sin una evaluación individual de su estado de salud, necesidades médicas y situación jurídica puede aumentar los riesgos asociados a la reclusión.
