La jueza federal de distrito Karin J. Immergut ha ordenado la paralización del despliegue de tropas de la Guardia Nacional de EE. UU. en la ciudad de Portland (Oregon) después de que las autoridades estatales presentaran una demanda al Gobierno del presidente Trump por la intención de militarizar la ciudad.
«Por las razones expuestas, este tribunal (…) suspende temporalmente el memorando (…) del 28 de septiembre de 2025, que ordena la federalización y el despliegue de los miembros de la Guardia Nacional de Oregon en Portland», reza el auto emitido por la jueza.
Donald Trump ordenó hace una semana el envío de fuerzas militares a Portland y autorizó el uso de la «fuerza total» en el marco de su campaña para recuperar la seguridad en las principales ciudades estadounidenses.
El Mando Norte de EE. UU. anunció este viernes el despliegue de unos 200 soldados en la ciudad con el objetivo de ejecutar «actividades de protección militar» que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, considere «necesarias para garantizar la protección y seguridad del personal y la propiedad federales».
Esta nueva sentencia impide a la Administración Trump llevar a cabo la operación por un plazo de 14 días —hasta el 18 de octubre—; sin embargo, existe la posibilidad de que sea prorrogada.
«La verdad ha prevalecido. El tribunal federal falló a favor de Oregon para bloquear una intervención militar en Portland. Si bien este fallo es solo el primer paso, es un paso en la dirección correcta», ha declarado la gobernadora de Oregon, Tina Kotek.
El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield —quien ha realizado la solicitud de restricción temporal—, ha aplaudido la decisión de la jueza y ha afirmado que Trump «debe demostrar una amenaza real basada en hechos reales si quiere desplegar a la Guardia Nacional en (nuestras) calles».
Para la jueza, el propio anuncio del envío de tropas militares a Portland ha supuesto un aumento de las protestas violentas, al igual que ocurrió en Los Angeles. Además, ha dejado claro en el auto que las declaraciones de Trump a acerca de supuestos grupos violentos y rebeliones en la ciudad de Portland, «carecen de sustento».
«Aceptar los argumentos de los demandados (el Gobierno de Trump) significaría difuminar la línea entre poder civil y poder militar, en detrimento del orden constitucional», recoge el documento.
