Tras haber descrito a los trabajadores del estado como »parásitos», un hombre sufrió un allanamiento en su hogar en represalia.
De Derecha Diario
Un tuit casi inadvertido en la red social X desencadenó en Alemania una operación policial desproporcionada que ha reavivado el debate sobre la vigilancia estatal del discurso en línea.
El mensaje, publicado por un ciudadano identificado como Damian N., contenía una breve crítica en la que calificaba de »parásitos» a los trabajadores financiados por el gobierno. A pesar de haber recibido apenas un centenar de visualizaciones, la publicación llevó a que agentes de policía irrumpieran en su domicilio a las seis de la mañana, según fue informado.
Damian relata que los agentes no le mostraron una orden judicial ni le dejaron documentación sobre los bienes incautados. Durante el operativo, fue presionado para desbloquear su teléfono, que fue confiscado, y se le tomaron fotografías, huellas dactilares y otros datos biométricos.
Incluso se solicitó una muestra de sangre para obtener su ADN. Uno de los agentes lo amenazó diciendo que debía »pensar mejor lo que publica» y afirmó que a partir de ese momento estaría bajo vigilancia oficial.
La actuación policial se amparó en la Sección 130 del Código Penal alemán, una norma destinada a castigar la incitación al odio contra grupos protegidos por su origen nacional, raza, religión o etnia.
Sin embargo, los trabajadores públicos no están incluidos en esas categorías, lo que ha generado dudas sobre la legitimidad de la investigación. El abogado de Damian sostiene que tanto la redada como los procedimientos de identificación podrían haber sido ilegales.
El caso está siendo interpretado como un ejemplo extremo del creciente aparato burocrático alemán dedicado a combatir el llamado »odio en línea». En los últimos años, el país ha desarrollado una red de fiscales especializados, organizaciones no gubernamentales que reciben denuncias y sistemas automatizados de detección de palabras clave.
Según analistas, el sistema tiende a actuar bajo una lógica de cumplimiento automatizado y sesgado, donde la detección de un término tabú puede activar un procedimiento sin que exista una evaluación proporcional del impacto real de la publicación.
La policía, por su parte, aplica tácticas que generan presión inmediata sobre los sospechosos. La confiscación de teléfonos celulares, que, según algunos fiscales, resulta más dañina para los afectados que una multa, se ha convertido en una herramienta habitual.
Las redadas tempranas y la recolección de datos biométricos elevan la tensión del proceso, en una dinámica que críticos describen como una estrategia de disuasión más que una medida de seguridad pública.
La utilización de técnicas propias de investigaciones por delitos graves, como el acceso a dispositivos, la obtención de ADN y la recopilación de biometría, en un caso basado en un comentario de escasa visibilidad ha generado preocupación entre defensores de los derechos civiles. Para ellos, el operativo evidencia que la frontera entre la seguridad pública y la policía de opiniones se está volviendo cada vez más difusa.
El caso se suma a una serie de incidentes similares registrados en Alemania y el Reino Unido, donde las autoridades han intensificado el uso de la ley penal para abordar los conflictos derivados del discurso digital.
