La OTAN ha confirmado este miércoles que las autoridades de Rusia han enviado un «documento» en el que avisan del uso de su arsenal, incluyendo armas nucleares, ante un posible ataque aliado a su territorio, a lo que el bloque militar ha respondido asegurando su carácter defensivo y que sus maniobras no suponen un riesgo para Rusia.
La Alianza Atlántica ha recibido un «documento» de parte de Rusia al que ya ha «remitido una respuesta», ha indicado la portavoz de la OTAN, Allison Hart. En su réplica, la OTAN ha señalado a Moscú que se trata de «una alianza defensiva y que ninguna de sus actividades o maniobras supone un riesgo para ninguna parte de Rusia».
De esta forma, la OTAN ha subrayado la denuncia «enérgica» de «la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable» por parte de Moscú, instando a que ponga fin a su «guerra no provocada en Ucrania».
«El uso de tácticas híbridas por parte de Rusia es un signo de desesperación. Pero no nos disuadirá de nuestro apoyo a Ucrania», ha añadido la portavoz aliada, que ha señalado que la OTAN cuenta con los medios necesarios para defender cada centímetro de su territorio.
«Seguimos siendo fuertes, estamos preparados y somos capaces de hacer frente a cualquier amenaza», ha recalcado Hart.
Cabe recordar que, en 2024, Rusia llevó a cabo un cambio de su doctrina nuclear para «corregir los enfoques» actuales con una actualización y ampliación del tipo y origen de amenazas ante las cuales Moscú respondería con armamento nuclear.
En la práctica el paso sirvió para fijar nuevos criterios que van más allá de las amenazas nucleares contra Moscú, ya que estaría justificada una respuesta nuclear «incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica» a la soberanía rusa.
Las autoridades de Letonia han informado este miércoles de que están dispuestas a alojar armamento nuclear de la OTAN en su territorio «en caso de que fuera necesario», tal y como ya han puesto sobre la mesa otros aliados como Polonia, Estonia y Lituania a medida que aumenta la tensión en plena invasión rusa de Ucrania.
El presidente letón, Edgars Rinkevics, ha indicado que esto podría realizarse «en caso de que los miembros de la OTAN tomen una decisión al respecto». «Si surge la necesidad y se toma una decisión colectiva, se desplegarán armas nucleares en Letonia», ha aseverado, según informaciones de la agencia de noticias LETA.
Asimismo, ha hecho hincapié en que la Constitución del país no prohíbe este tipo de despliegue y ha destacado que cuando se adhirió a la Alianza, los diferentes Estados miembro apuntaron a la posibilidad de poner en marcha este tipo de medidas para proteger la seguridad colectiva llegado el momento.
No obstante, ha descartado que de momento existan conversaciones sobre este asunto, después de que el Gobierno estadounidense estuviera sopesando la posibilidad de desplegar armas nucleares en países europeos que forman parte de la OTAN para desplegar aeronaves con capacidad de realizar ataques nucleares.
El magistrado Wayne Ozzi, del Tribunal Supremo del estado de Nueva York en Staten Island, ha fallado en contra de la administración del alcalde de la ciudad, el socialista Zohran Mamdani, y ha ordenado rehacer la implementación del impuesto a las segundas residencias (‘Pied-a-Terre Tax’), tras concluir que el proceso de cobro viola los derechos «al debido proceso» de los propietarios.
En su fallo el juez dictamina que el Departamento de Finanzas de la ciudad ha perjudicado y «penalizado innecesariamente» a los ciudadanos por el método utilizado para aplicar la ley tributaria. En concreto, la sentencia critica que las autoridades enviaran notificaciones exigiendo a los dueños solicitar una «exención», lo que trasladó, según argumenta Ozzi, de forma injusta la carga de la prueba a los ciudadanos para demostrar que las viviendas eran su residencia principal, en lugar de que la agencia hiciera una evaluación previa utilizando los datos fiscales disponibles.
Por ello, el magistrado ha ordenado a la ciudad cancelar todos los avisos enviados previamente y retirar el registro público suplementario, que incluía a más de 900.000 inmuebles. La Justicia obliga ahora a sustituir ese listado por un registro limitado y establece que las nuevas notificaciones solo podrán enviarse tras realizar una «determinación inicial individualizada» que exponga las pruebas y criterios utilizados por la Administración.
Tras conocerse la resolución, el portavoz de la Alcaldía, Matt Rauschenbach, ha calificado el fallo de «erróneo» y ha avanzado que invocarán una suspensión de la orden judicial, según declaraciones recogidas por el portal de noticias estadounidense The Hill. «Los ultrarricos están luchando en los tribunales para evitar pagar lo que les corresponde. Han presentado demanda tras demanda para proteger sus privilegios, y no daremos marcha atrás», ha advertido el portavoz.
El impuesto, impulsado en abril por Mamdani y la gobernadora demócrata Kathy Hochul para reducir el déficit presupuestario, establece un recargo anual sobre las viviendas unifamiliares tasadas en más de USD$ 5 millones, siempre que no sean utilizados como residencia principal.
La medida impulsada por el alcalde demócrata llevó al presidente de EE. UU., Donald Trump, que posee múltiples propiedades en Nueva York, a acusar al dirigente local de estar «destruyendo» su ciudad natal, tachando de «error total» sus políticas fiscales.
Los consejeros delegados de Meta y Google, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai, han celebrado el acuerdo alcanzado este martes entre diferentes empresas tecnológicas y el presidente de EE. UU., Donald Trump, para establecer un marco de seguridad en el desarrollo de modelos tecnológicos, calificando el pacto como una medida fundamental para generar confianza ciudadana en la recién bautizada como ‘Súper Inteligencia’ (SI).
A través de redes sociales, el consejero delegado de Meta ha valorado como un «paso positivo significativo» el hecho de que las principales compañías estadounidenses del sector se hayan comprometido a aplicar «sólidos controles internos y múltiples capas de auditorías y revisiones». Según Zuckerberg, esta iniciativa conjunta de la industria brindará a la población «más confianza en que la tecnología que construye cada empresa funcionará según lo previsto».
Por su parte, el representante de Google, Sundar Pichai, ha calificado de «excelente» el encuentro mantenido con Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.
Pichai ha destacado que el ‘Acuerdo de la Casa Blanca sobre Súper Inteligencia’ sienta «una base sólida para avanzar», ya que contiene «pasos reales y tangibles para promover un desarrollo seguro» sin renunciar a los beneficios económicos y científicos del sector. Además, ha reivindicado el esfuerzo de su compañía, asegurando que esta innova «de forma responsable» mediante la implantación de «pruebas adecuadas, evaluaciones y salvaguardias contra el mal uso».
Las reacciones de ambos directivos se producen tras la firma de un compromiso conjunto suscrito por el mandatario estadounidense y figuras de la industria de Silicon Valley, entre los que también figuran Elon Musk (X), Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Jensen Huang (Nvidia).
El texto establece un sistema de autorregulación estructurado en cuatro niveles: controles internos frente a amenazas cibernéticas, biológicas y químicas; equipos internos de supervisión; evaluación mediante auditores externos independientes; y la creación de comités específicos en los consejos de administración.
Este cierre de filas del sector tecnológico coincide con la promulgación de una orden ejecutiva de la Casa Blanca que obliga a todas las agencias federales a sustituir de inmediato el término ‘Inteligencia Artificial’ (IA) por el de ‘Súper Inteligencia’ (SI). La iniciativa presidencial concede un plazo de 60 días para formular una definición legislativa del nuevo concepto.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado este martes una orden ejecutiva por la que insta a todos los organismos del Gobierno federal sustituir el término «inteligencia artificial» y su acrónimo «IA» por «superinteligencia» y «SI» en toda comunicación oficial, documentos públicos, sitios web e informes.
La medida, que no afecta a normas o contratos ya vigentes, otorga un plazo de 60 días al asesor presidencial para Ciencia y Tecnología para presentar una propuesta legislativa que establezca una definición federal del nuevo término.
En el texto de la orden, Trump ha justificado el cambio argumentando que las capacidades de los sistemas actuales «van mucho más allá de imitar o automatizar aspectos discretos de la inteligencia humana» y que cada vez más «representan no simplemente inteligencia artificial, sino una nueva era de superinteligencia».
La medida se produce horas después de que el mandatario reuniera en la Casa Blanca a casi dos docenas de líderes tecnológicos de Silicon Valley para debatir sobre los riesgos de la tecnología. Según Bloomberg, el cambio de nombre busca revertir la percepción negativa creciente sobre la inteligencia artificial en EE. UU., donde su implantación ha generado un rechazo generalizado por el encarecimiento de la electricidad y el temor a la destrucción de empleos.
En paralelo a la orden ejecutiva, la Casa Blanca ha difundido un comunicado conjunto firmado por Trump y los directivos de las principales empresas del sector —Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Greg Brockman (OpenAI), Elon Musk (X) y Jensen Huang (Nvidia)— en el que se comprometen a aplicar cuatro capas de controles y auditorías sobre sus modelos.
El acuerdo contempla la implantación de controles internos sobre ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas; la creación de equipos internos de supervisión; la contratación de auditores externos independientes; y la designación de un comité independiente del consejo de administración de cada empresa para supervisar el conjunto del proceso.
Los firmantes han reconocido que estas medidas podrían trasladarse en el futuro en leyes o regulaciones. Además, han asegurado que implementar estos controles y auditorías es «fundamental» para garantizar un «futuro seguro para todos» y se han comprometido, por tanto, a aplicarlas en sus empresas.
El Tesoro de EE. UU. ha informado este martes de que ha ampliado las sanciones contra el régimen que domina Cuba, con restricciones a bancos extranjeros y la congelación de cuentas a «empresarios» cubanos, entre otras medidas que entrarán en vigor este mismo miércoles en virtud de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha tomado esta medida anticipando «mayores riesgos de sanciones asociados a transacciones con Cuba —tanto para personas estadounidenses como no estadounidenses—».
Este nuevo paquete de sanciones prohíbe a las personas «sujetas a la jurisdicción de EE. UU.» acudir y organizar encuentros o «conferencias profesionales» en el país centroamericano, a partir de este 30 de septiembre.
Asismimo incluye sanciones contra entidades bancarias extranjeras que realicen transacciones financieras con nacionales de Cuba también señalados por Washington, y prohíbe a bancos estadounidenses tanto abrir como mantener abiertas cuentas para empresarios cubanos.
El Tribunal Supremo de EE. UU. ha autorizado este martes a la Administración de Donald Trump retomar las deportaciones de migrantes irregulares a terceros países con un aviso previo mínimo o nulo, al suspender la orden de un juez federal que exigía notificar a los deportados su destino, de modo qu pudieran plantear sus alegaciones ante posibles riesgos a su seguridad.
Con los votos en contra de los tres magistrados liberales frente a seis, la corte ha aceptado una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno para bloquear un fallo de un tribunal de apelaciones que dictaminó que el proceso actual de deportaciones es ilegal, alegando que las personas afectadas no tienen la oportundad real de oponerse a ser deportados a países distintos al de su origen y con los que no tienen conexión previa alguna.
La medida se aplicará de inmediato, mientras los jueces examinan el fondo del recurso presentado por la Administración Trump y a la espera de escuchar los argumentos del caso en diciembre, antes de emitir un fallo definitivo.
De acuerdo a las informaciones de la cadena NBC News, «miles» de personas han sido enviadas desde EE. UU. a terceros países, entre ellos Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, desde principios del segundo mandato de Trump en enero de 2025.
Caracas. – En un sorpresivo rechazo hacia uno de los mecanismos de represión más empleados por la Narcotiranía, la encargada del narcorégimen interino, Delcy Rodríguez, confesó este martes que la llamada Ley contra el Odio, supuestamente “fue mal aplicada” y “se hizo un uso abusivo” de la misma.
Durante un acto político escenificado en el estado Portuguesa, Rodríguez confesó “lamentablemente fue mal aplicada y se hizo un uso abusivo de esa ley”. Por ello, informó que envió una propuesta a la írrita AN chavista para reformar dicha ley, una de las más empleadas para encarcelar injustamente, sin evidencias ni pruebas, a quienes simplemente se expresaran en contra de la Narcotiranía chavista entonces dirigida por Nicolás Maduro, ahora preso en EE. UU.
“Hoy —martes 29— hemos mandado a la Asamblea Nacional una propuesta para reformar la Ley contra el Odio por la Convivencia Democrática y por la Tolerancia. Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley. Pero yo creo en los principios de esa ley. El principio de la tolerancia, el principio del amor en el relacionamiento, que no se imponga el odio”, dijo, en declaraciones que fueron calificadas de sorprendentes por internautas, periodistas y analistas en redes sociales.
La presunta Ley Contra el Odio fue muy criticada por la oposición dentro y fuera del país, al señalarla como parte de un «marco legal represivo» y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión de ciudadanos en general.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la ilegal chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento —aún legal— mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa de Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el chavismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año. Cabe recordar, que Rodríguez presidía justamente en 2017 esa ilegítima instancia nombrada por la Narcotiranía, por lo cual es directamente culpable de todos los demanes causados por la misma.
Finalmente, volvió nuevamente a vender la idea de reconciliación, un ardid empleado tanto por ella como por su hermano, Jorge Rodríguez, para intentar que la población supuestamente «olvide» los desmanes y crímenes cometidos por el narcochavismo, en pro de sumarse a una hipotética reconciliación nacional.
“Yo llamo al pueblo venezolano a sustituir el odio por el amor, la intolerancia por la convivencia (…) Pido la colaboración de las comunas para la convivencia democrática y la paz», dijo.
Caracas. – El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró este martes que trabajan junto a los integrantes de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2015 para generar las condiciones necesarias que permitan celebrar un proceso electoral en Venezuela lo más pronto posible.
En entrevista con el canal Fox News, el funcionario estadounidense dijo que unas elecciones libres y justas son necesarias en Venezuela. Pero no mencionó una posible fecha. “Estamos trabajando arduamente con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres y justas lo antes posible”, indicó el funcionario durante la transmisión.
Rubio reiteró que Washington hace todo lo posible para estabilizar la economía venezolana, y avanzar hacia un proceso comicial con el cual “Venezuela estará en el ascenso que se merece”. También relacionó la recuperación económica con la transición democrática. Afirmó que ambas son asuntos en los que trabaja su gobierno.
“En Venezuela dos cosas están sucediendo. Una, su economía necesita continuar recuperándose porque la gente de Venezuela ha sufrido tanto. Entiendan, estamos hablando de 25 o 30 años de corrupción y desgaste. Pero la otra cosa que tiene que suceder y que estamos enfocados es en la transición democrática”, añadió.
Igualmente, el alto funcionario de la administración Trump habló sobre la transición. “La otra cosa que tiene que suceder y que estamos realmente enfocados en es la transición democrática. Necesitan tener elecciones libres y justas en ese país… Y luego Venezuela realmente estará en la mejora que merece estar”.
Mientras, la representante de la ya caducada AN 2015 y en las conversaciones con el narcorégimen chavista, Dinorah Figuera, agradeció el compromiso del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para alcanzar elecciones en Venezuela.
“Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad de llevar al país a una democracia plena, donde prevalezca la paz y el progreso en un esfuerzo conjunto. Sin dudas, vamos en camino a unas elecciones justas y transparentes”, describió Figuera en su cuenta de la red de X.
Caracas. – La estructura política que Delcy Rodríguez, actualmente encargada del narcochavismo interino, diseñó desde el rol que jugó en la Narcotiranía durante el período de Nicolás Maduro, no se limitó a labores de propaganda, sino al establecimiento de alianzas institucionales en el exterior financiadas con fondos públicos del «Estado», para legitimarse internacionalmente.
Así lo revela un documental difundido por la Fundación Disenso, un centro de pensamiento originario de España, que ha abordado el tema de la corrupción en su país, enfocándolo desde el punto de vista de las conexiones con el chavismo, específicamente con Rodríguez.
En un video, la fundación no solo hace un recuento de la vida política de la principal vocera del interinato, sino que descubre cómo, además de esculpir su imagen dentro del narcorégimen y ayudar en la distribución de propaganda política, también, de manera secreta, diseñó toda una estructura de alianzas internacionales, comprada con recursos pertenecientes a los venezolanos, para sostenerse y sobrevivir fuera del país.
«Recorrió el mundo defendiendo al régimen en organismos multilaterales, mientras Venezuela entraba en una de las peores crisis humanitarias de la historia contemporánea del continente. Durante esos años negó la existencia de presos políticos, negó la crisis migratoria, negó el colapso sanitario, negó el amor y acusó constantemente a gobiernos democráticos de participar en conspiraciones internacionales contra Venezuela», indica el material de Fundación Disenso.
A esto, añade: «Utilizando recursos del Estado venezolano, el chavismo financió durante años operadores políticos, consultores, empresas y redes de influencia en Iberoamérica y Europa. Parte de esta estructura internacional, sigue vigente hoy para legitimar a Delcy Rodríguez y normalizar al chavismo como un actor político. Mientras que en Venezuela Rodríguez no sólo ha ayudado a consolidar la oligarquía chavista, también ha ejercido fuertes chantajes sobre todo al empresariado para obligarlos a acatar las órdenes del régimen».
Lo expuesto en el audiovisual está documentado en investigaciones realizadas tanto por la ONG Transparencia Venezuela, como por importantes agencias de investigación de EE. UU.
En el caso de la ONG venezolana, las evidencias revelan que Rodríguez consolidó un amplio control en los sectores comercial, energético y diplomático de la nación. De acuerdo con la organización, este entramado le permitió tejer redes estratégicas con aliados internacionales —como Rusia y China— gestionando recursos públicos bajo una política institucional caracterizada por la opacidad y el secreto de Estado.
Mientras, organismos estadounidenses, principalmente la DEA, han expuesto que Delcy ha estado bajo escrutinio internacional debido a presuntos vínculos con tramas de lavado de dinero, adjudicación de contratos corruptos a empresarios aliados y el uso de redes financieras externas.
En este sentido, el documento expone «uno de los episodios más escandalosos de su trayectoria internacional ocurrió en enero del 2020, durante el llamado Delcy Gate. A pesar de tener prohibida la entrada a territorio europeo por las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE), Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. La visita fue inicialmente ocultada y minimizada por el gobierno de Pedro Sánchez, pero pronto comenzaron a llegar las autoridades con las contradicciones».
Asimismo, el material denuncia que «bajo su gestión económica, permitió el crecimiento de oligarquías chavistas y el nacimiento de una nueva élite corrupta vinculada a la expoliación del país. En ese sentido, Delcy no puede dar confianza a los inversionistas, porque fue en gran parte la arquitecta del nuevo estado de corrupción sostenido en oligarquías y saqueo del Estado».
Sin embargo, Fundación Disenso denuncia que la encargada del chavismo interino «continúa intentando vender una imagen internacional de estabilidad y normalidad democrática. Hoy, el chavismo intenta reinventarla. Las actuaciones recientes de Delcy Rodríguez demuestran que no existe en ella ninguna intención de garantizar confianza para inversionistas extranjeros ni de facilitar una transición democrática en Venezuela».
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