Caracas. – Este 15 de enero se cumplen ocho años del asesinato del inspector del CICPC, Óscar Pérez, y de la Masacre de El Junquito, uno de los episodios más impactantes de la crisis política y de derechos humanos en Venezuela, donde fueron vilmente acribillados seis venezolanos más.
Pérez, miembro de unidades tácticas y también actor, se había convertido en figura pública tras difundir en 2017 un video llamando a la insurrección contra el gobierno y participar en el sobrevuelo en helicóptero sobre instituciones del Estado. Para algunos representó un símbolo de resistencia; para el gobierno, un “terrorista” al que había que neutralizar.
En su momento, Pérez se convirtió en el hombre más buscado por las autoridades tras sobrevolar Caracas en un helicóptero policial. Durante aquel vuelo, desplegó una pancarta con la consigna “350 Libertad”, invocando el artículo constitucional que ampara el derecho de los ciudadanos a desconocer cualquier régimen que menoscabe los derechos humanos fundamentales.
Tras el ataque simbólico al Tribunal Supremo de Justicia, el oficial pasó a la clandestinidad absoluta, utilizando las redes sociales para llamar a una rebelión popular y militar. En diciembre de 2017, lideró la «Operación Génesis», un asalto a un comando de la Guardia Nacional donde sustrajo armas para su movimiento disidente.
Pero, el 15 de enero de 2018, fuerzas de seguridad rodearon la vivienda donde se encontraba en El Junquito. Informes posteriores señalan la participación de centenares de funcionarios y el uso de armamento pesado, en un operativo que terminó con la muerte de Pérez y de otras seis personas, incluyendo una joven embarazada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que no se trató de un simple enfrentamiento, sino de una ejecución extrajudicial: las víctimas estaban acorraladas, habían manifestado su rendición en videos y aun así se empleó fuerza letal de forma incompatible con los estándares internacionales. El caso fue remitido a la Corte Interamericana como ejemplo de violación del derecho a la vida y de impunidad.
El Museo de la Memoria y la Represión y organizaciones de derechos humanos recuerdan hoy a Óscar Pérez como víctima de persecución política y de una operación diseñada para eliminarlo, más que para detenerlo. Ocho años después, la masacre de El Junquito sigue siendo una herida abierta para las familias, que reclaman justicia y reconocimiento pleno de lo ocurrido.
Las redes sociales se inundaron este jueves de mensajes recordando y condenando lo ocurrido en esa fecha. Internautas, ONG y activistas por los Derechos Humanos se sumaron al clamor, para que este caso no que impune, y que está considerado uno de los crímenes más atroces cometidos por la Narcotiranía chavista.
