“(…) Ante el estancamiento interno y la erosión de las capacidades de la oposición para generar un cambio real, el recurso a la incidencia extranjera se presenta como la última esperanza, aunque, esta ha demostrado ser una fuente de incertidumbre e histeria reprimida..”
Mauricio Hernández
Ante lo que parece ser la insuficiencia para cumplir el objetivo prometido por la supuesta nueva oposición venezolana en 2025, y el retorno a los escenarios casi post apocalípticos en los cuales se sume el país últimamente, tanto como a nivel social, político y económico, cabe que quienes todavía siguen renuentes a vislumbrar el panorama actual de manera lógica se pregunten: ¿Es una parafernalia colaborativa al mal que se nos ha infringido desde hace dos décadas la oposición? O, sencillamente vivimos sumidos en un liderazgo inútil, que a temporadas cambia su color de ojos, pero deja viva su esencia primigenia, —la cual es cobarde y abanderada a un poder externo a ellos, el cual se busca que haga de llave para el cumplimiento de sus promesas, porque no han de contar ni con la organización, los recursos y menos con el coraje suficiente por su parte para llevar a cabo un accionar verdaderamente eficiente para salir de la dictadura—. Vivimos con la cuerda en la garganta durante años, amarrada por la potestad de nuestro propio pueblo, que a su vez, es apretada por una esperanza que cojea y propicia cualquier placebo que nos resulte esperanzador a nuestra desgracia.
La sociedad venezolana se encuentra en un ciclo de error y postergación de su desdicha, únicamente debido a su incapacidad de abrir los ojos ante la realidad de una lucha por la libertad que ha sido menoscabada por un espiral de inacción política, como también por el discurso pacifista y fantasioso propiciado por quien se supone es su órgano heraldo de su libertad: su propia oposición, —la misma que se ha encargado del entorpecimiento crónico en lo que respecta a la salida del régimen—, una que se ocupó de distribuir una narrativa democrática, arraigada a la inacción por mantener una figura supuestamente recta. Tanto así que, a través de los años, se ha podido presenciar como los únicos actos de acción verdadera para tomar cartas en el asunto han venido de manos de grupos ajenos a los partidos. Actores como estudiantes, personas comunes organizadas por un deseo colectivo, pero sin un liderazgo claro o competente, mismos que ahora, muchos o se encuentran privados de libertad o en un mundo mejor. Todo por no entender que la factibilidad de la democracia pacifista se rebaja a mera inutilidad, si es que se aplica a escenarios dictatoriales. Esta es una estrategia la cual transmuta a ser hasta contraproducente para el objetivo gracias a su naturaleza, y, a su vez, resulta plenamente perjudicial a las masas fuera de las elites que apuestan por ella.
Dicho lo anterior, me propongo a desmantelar el supuesto camino hacia la salvación, dicha senda, adornada con palabras melosas, y al mismo tiempo, hacer recapacitar a cuyos ciegos se niegan a afrontar nuestro presente de manera realista, y prefieren vivir bajo utopías y promesas sin sustentación alguna, al igual que hacer ver sobre cómo si mismo está siendo funcional a su propio mal. —Porque no existe más ciego que el que se niega a ver su propia desgracia—. Este ensayo ha de postular las etapas de los autoritarismos en las que mínimamente cabe la idea de una democracia pacifista, o en su defecto, la democracia por sí sola. De igual manera, enmarcar como las dictadura ejercen un control estratégico y selectivo en la sociedad ante cualquier protesta, y, del mismo modo, la misma sociedad siendo funcional al régimen. Del mismo modo, doy a ver cómo un autoritarismo convierte el estado de excepción en la norma vigente, y esta termina inutilizando a la democracia.
¿En qué parte de los autoritarismos cabe la democracia? ¿Si la misma se trata del respeto a la voluntad de la mayoría y el respeto a la vida humana, y los autoritarismos resultan ser su anulador por excelencia? Pues, la respuesta simple sería que en ningún momento, sin embargo, en Transición a la democracia. Juan. Linz (1990) se plantea al autoritarismo como un proceso más que lineal, escalonado, hasta el punto de derrumbe del mismo, —una transición de niveles que resaltan por la evolución de las prácticas dictatoriales. Dicho lo anterior, preciso el dar razón de lo que denominé como las tres etapas clave de las dictaduras, basándome en la experiencia venezolana, cada una enmarcada por sus características clave que repercutan en el respeto de la democracia y una sociedad libre, al igual que las acciones con las que cuenta cada etapa para garantizar su declive. Empezando con saber que los autoritarismos son, en esencia, modelos los cuales evolucionan con el tiempo, la mayoría, cimentados al principio por el apoyo popular.
De este modo, la gran mayoría han llegado al poder por revoluciones armadas, u otros por procesos electorales con premisas partidistas comúnmente radicales, y que traen consigo reformas visiblemente doctrinarias y alejadas del pluralismo. En la generalidad, este modelo —como ya fue mencionado—, se apoya en la gente hasta llegar a su autonomía y control absoluto de las competencias del Estado. Awi, siendo las democracias, en especial las pacifistas propugnadoras de los órganos legales de la nación que, se sobreentiende, ya han sido tomados, lo cuál resuena en las pocas posibilidades que puedan darle cabida a una potestad de la mayoría o un cambio.
De estas etapas, partimos de la primera la cual es la instalación. Un inicio del periodo enmarcado por un apoyo considerable, el cual no se ve afectado en los primeros años de mandato, —a excepción de que ocurra alguna irregularidad que deje en un descontento grande a la sociedad—. En lo general este periodo va acompañado de una estructura inicial supuestamente democrática, lo que condiciona una oposición débil, al igual que existe una vigencia todavía de la decisión tomada, que ya está siendo aplicada. Según la historia, son los primeros años en los cuales vemos un contento en la población a base de los cambios ya propiciados por el mandato, que de plano pueden resultar radicales si es que se llegó al poder a través de una revolución, o, una ideología sumamente extremista. Dichas reestructuraciones pueden traer consigo reformas de leyes de naturaleza muy polarizada, implementación de políticas favorecedoras a un grupo específico, al igual que también se dejan ver los primeros rasgos de centralización de poder en varias personas. Esta es una etapa la cual lleva un aire de alerta a lo que posteriormente se acerca, y el anuncio de algo que tarde o temprano desembocará en una situación más grande.
En concordancia con lo anterior, y un avance temporal del primer periodo, se puede notar de manera clara como lo que empezó con meras acciones enmarcadas por una ideología, o a peor, sumida en escándalos y violaciones orquestadas, pasa a ser lo que llamo consolidación del autoritarismo temprano. Dicha faceta, tomando como una pequeña referencia lo que en su obra plantea Juan J. Link (1990), el gobierno se sume en la burocratización, la eficacia parcial y la legitimidad débil (aún operante). En consecuencia, esta etapa presenta ya los primeros signos de represión y censura, inicialmente representados por respuestas violentas o injustificadas del gobierno hacia sus disidentes, como sucedió en Venezuela, que, entre los años 2001 y 2002, Hugo Chávez declaró a los medios de comunicación que discrepaban con sus ideas enemigos de la revolución y, bajo su narrativa de delirios de grandeza, eso representaba atacar a la voluntad del pueblo, —mismo que con orgullo declaraba él mismo ser el recipiente—, lo que le sirvió como el primer paso a sus prácticas de censura y persecución. Al mismo tiempo, eso ocasionó que en 2004 se diera validación por parte de la Asamblea Nacional a la Ley de responsabilidad en radio, televisión y medios electrónicos, dando paso a la permisividad para la censura mediática masiva dentro del territorio nacional, junto a la posterior nacionalización de los medios de comunicación. Otro escenario es Alberto Fujimori, quien independientemente del bando, prosiguió con las acciones que resaltan este periodo: en 1992, ejecutando un autogolpe de Estado, y así disolviendo el parlamento y el poder judicial con apoyo militar, dando paso a una ola de persecuciones, y, del mismo modo, a 25 asesinatos selectivos a opositores por la mano de un escuadrón ligado al servicio de inteligencia nacional. Así pues, se abre paso a la evolución de esas actividades represivas, para posteriormente consolidar esa estructura dictatorial la cual pasa a ser a simple vista.
Asimismo, consecuente a los primeros dos puntos, nos damos cuenta que, aunque la elección a la democracia puede seguir vigente gracias al descontento poblacional, resultaría sólo en cuestión de tiempo para que la estructura dictatorial termine controlando dichos organismos que quedan para apelar, de este modo, entrando a [1] en un control de las acciones opositoras [2] una permisividad de ciertas acciones de manera selectiva, —las cuales no representarán un peligro para la estructura dictatorial—.
Seguidamente, pasamos a la tercera etapa, la cual denomino como Estancamiento de la libertad: Control de las potestades, misma que enmarca el control de lo que respecta a las acciones populares para acabar a un modelo dictatorial dónde, de manera completa, la cúpula gubernamental se ha apoderado de todos los confines competentes del Estado, —como si a un virus que se esparce por el sistema se tratara—. De esa manera, ya mermada la insignificante pizca de oportunidad que representaban estas estructuras dentro del país, condiciona que el poder de una oposición por medio del Estado ya no exista, que a su correlación lleva a el control absoluto de las atribuciones para la expresión, y sus limitaciones dentro del territorio nacional, lo que radica a que después se lleve a optar por el apoyo de instituciones internacionales, las cuales, cabe recalcar, han demostrado ser partícipes de incrementar la burocracia exterior antes que buscar la resolución a la problemática. Esto es el inicio de una dependencia sumamente peligrosa por la incertidumbre en la cuál se apoyan las decisiones que se debaten en los organismos internacionales.
Recapitulando el panorama interno de los años anteriores en Venezuela. Aunque se pueden ver intentos de expresión en contra, a menudo suelen ser acciones simbólicas que no representan ningún tipo de peligro o alerta hacia la cúpula, y asimismo, resultan fáciles de reprimir, como también al final estas terminan siendo parte de un juego de permisividad que manejan los que ostentan el poder, porque la represión no es bruta por más que parezca, —es permisiva, es selectiva de personas y situaciones que resulten relevantes—. Además, al final de cada una de esas obras llevadas a cabo, y parcialmente fallidas, aquella ¨oportunidad¨ otorgada hacia los que se oponen, serán las masas quienes terminen pagando las consecuencias. —Porque resulta más fácil hacer que un pueblo le tenga miedo a seguir a sus líderes que a su propio opresor—.
Dicho lo anterior, cuando me refiero a esa permisividad que se da en ciertos momentos, hago mención a acciones que funcionan como una ilusión de supuesto control hacía los que se oponen, ciertas cosas que las masas creen que siguen en manos de sus ¨salvadores¨. Tales son estas actividades que terminan siendo la línea recta que seguirán cual pasaje hacia el cumplimiento de sus objetivos, y que se convertirá, posteriormente, en un ciclo que llevará al estancamiento de sus acciones por no ser útiles. Acciones como [1] manifestaciones dispersas, sin un objetivo o lugar a fin. Estas funcionan como un objeto inamovible, casi llegando a un punto de inacción, —desde la subjetividad, claro está—. Aunque para muchos les puede resultar increíble, así lo es, siempre y cuándo se tenga un gobierno plenamente democrático, solo así esta puede ser una opción viable.
Partiendo de la máxima ya mencionada, la represión es selectiva y permisiva, el que esté en el poder siempre se va a decantar por coaccionar ante lo que represente una verdadera amenaza para la integridad de su estructura, por ello, le resulta más beneficioso el alimentar esa ilusión que no representa un peligro real, y así colaborar a ese ciclo. Asimismo, por su inutilidad a largo plazo la estrategia hace función de placebo para las personas, y una justificación del dictador para ocasionar nuevamente un periodo de castigo hacia quienes decidieron revelarse, lo cual es solo una fachada, ya que el castigo irá por igual, y la narrativa del tirano será una en contra de un supuesto acto para inestabilizar a la nación y su gente. Así pues, vislumbrando la trayectoria vaga de la oposición, y el afán de la gente de seguir arrastrándose hacía ella, uno se da cuenta que Venezuela ha metido sus sentimientos en un molde junto a sus propias esperanzas, mismas que se han dejado llevar a por una musa que los maneja, y le promete lo que sus necesidades le gritan. Pensamiento parecido enuncia mi compañero en su trabajo. Roymer, R. (2025). Venezuela, la sociedad bucle: sobre las contradicciones de quienes dicen liderar un cambio, y quienes los siguen. En este trabajo, describe cómo ciertos líderes y seguidores viven en una especie de “show de Truman”, aislados de la realidad.
Esto es real, y el caso más claro de este ciclo en América latina es Venezuela. Si a ver vamos, la historia vista en 26 años para acá, notamos ese ciclo de estancamiento de liderazgo político, enmarcado por el apoyo de la sociedad venezolana. Comenzando por:
Estas estadísticas presentan más similitudes que diferencias entre estos partidos, la más importante siendo el patrón de acciones vistas en estas fechas como forma de contraposición al régimen. [1] Todos estos partidos han llamado a marchas para exigir respeto, concentraciones inútiles que terminan desembocando en nada, y apelaciones desde el interior del país hasta el exterior a la comunidad internacional, la cual ha implementado su común burocracia, —o de plano no ha hecho nada—. En segundo lugar [2] se encuentran los referendos consultivos y las colectas de firmas. Queda poco que decir al respecto ya que se han agotado todas las evidencias y preceptos que demuestran lo absurdo de esas acciones. Sin embargo, la única manera que esta estrategia funcione, es que todavía los órganos judiciales y administrativos no estén tomados en lo absoluto, o, en su defecto, la totalidad de los mismos, lo cual podría representar la primera etapa. Asimismo, la tercera acción [3] serían las simbólicas, las cuales son del mismo índole de las segundas. Tanto por dentro del país como por fuera de si, el objetivo radica la mayoría de las veces en llamar la atención de la comunidad internacional. Nuevamente, caemos en la burocracia y la inacción derivada de por factores como la discrepancia por los hechos los cuales se ocasiona la oposición al régimen, al igual que la indiferencia por una parte de la comunidad que apoya al mandato, misma que, aunque sea minoría, detendrá dicho proceso. Y el último [4] campañas de firmas por fraude electoral. Sencillamente, sin palabras.
Sumado a lo ya expuesto, es necesario iniciar precisando qué se entiende por democracia pacifista, a fin de delimitar el porqué de su incapacidad de ofrecer una solución eficaz al problema que aquí se plantea. La llamada democracia pacifista puede describirse, en términos generales, como una forma de acción política que privilegia estrategias no violentas frente al poder, independientemente de las capacidades de este, apoyándose en el respeto a los consensos populares expresados a través de procedimientos institucionales, en la utilización de los cauces judiciales para la tramitación de conflictos y reclamaciones, como en el recurso a prácticas de movilización pacífica como mecanismo principal de presión.
En contraste, el estado de excepción es un régimen jurídico, por naturaleza temporal, mediante el cual se otorgan facultades especiales al Poder Ejecutivo para hacer frente a situaciones graves que no pueden ser abordadas mediante los mecanismos ordinarios del ordenamiento, lo que conlleva la suspensión o restricción de determinados derechos y garantías constitucionales. Las dictaduras tienden a sumir sus mandatos en una situación material de excepción permanente, aun sin proclamar formalmente dicho estado, o bien les resulta jurídicamente sencillo institucionalizarlo cuando cuentan con suficiente control sobre los aparatos estatales y el sistema de frenos, extremo que suele evidenciarse en patrones reiterados de represión severa.
En tales contextos, la excepción se convierte en la norma. Agamben, G. (2004). Estado de excepción: Homo sacer, II, 1. Adriana Hidalgo Editora. Sostiene que el totalitarismo moderno puede definirse como la instauración de una “guerra civil legal” que permite eliminar categorías enteras de ciudadanos mediante el mecanismo del estado de excepción, de modo que este deja de ser una medida extraordinaria para convertirse en un paradigma normal de gobierno. El estado de excepción crea así una “zona de indiferencia” en la que el derecho se suspende, de manera que el régimen jurídico excepcional se transforma en el marco que autoriza, en la práctica, la exclusión de la libertad e incluso de la vida de determinadas personas, convertidas en vidas prescindibles. Sobre esta base, la norma que pasa a regir el sistema, una vez instaurado el estado de excepción, consolida su apariencia de legalidad mediante la formalización de ese régimen extraordinario como si fuera un orden jurídico ordinario. Tal instauración se orienta a descomponer selectivamente la pluralidad política, haciendo posible la persecución, detención e incluso la eliminación física de opositores, bajo la cobertura de disposiciones de emergencia. Un ejemplo paradigmático es el Decreto para la protección del pueblo y del Estado, dictado en Alemania en 1933, que suspendió los artículos de la Constitución de Weimar, relativos a las libertades personales y que nunca fue formalmente revocado, permitiendo calificar jurídicamente todo el Tercer Reich como un largo estado de excepción que se prolongó durante doce años. En escenarios de este tipo, la dinámica de excepción se convierte en el principal mecanismo de sometimiento de la población, autorizando detenciones arbitrarias sin orden judicial previa y medidas represivas fundadas más en señalamientos y presunciones políticas que en garantías procesales propias de un Estado de derecho.
Al mismo tiempo, las acciones previamente planteadas quedan anuladas por el Estado de derecho ya existente, lo que termina en su inutilización debido a su naturaleza, la cual se decanta por el mismo en cualquiera situación. Lo que resulta más banal, es que, aun en conciencia de que ese estado de derecho está siendo menoscabado sin mesura, se termina pidiendo respeto a las instituciones y, a seres los cuales carecen de moral.
A propósito de los gobernantes, a dista de ser suficiente, existe un cierto placer del cual alimentan su malicia los dictadores, uno que, de manera maquiavélica secreta, la población al orquestar acciones que terminan en nada. Y esa es la posterior vuelta a la dependencia al tirano en la cual la sociedad vive. En su plenitud, al estar centralizado el poder en el Estado, y por ende en los gobernantes, se extienden sus potestades a controlar áreas las cuales son imprescindibles para el ser humano, tales como la comida, la salud y los servicios básicos, lo que hace que inevitablemente algunos sectores de la sociedad se abstengan a expresarse por miedo a ser perjudicados en sus necesidades, y así, a largo plazo, sumirse en un estado de conformismo con la situación política, aunque, eso termina por aplicarse más en los simpatizantes al régimen, o por otro lado, a personas inicialmente dependientes de él, las cuales en muchos casos son personas marginales (refiriéndome a su estado mental). Del mismo modo, estas últimas deben su dependencia y simpatía al ser el grupo poblacional el cual inició el apoyo a la dictadura en su etapa de instauración. Así pues, no se ha de negar que la mayoría de la población se ve en dependencia de dicho régimen por el factor laboral, el cual, en Venezuela se ha visto centralizado por la destrucción del sector privado. Esto dejó al ciudadano común sin alternativas de fuentes de ingreso, al igual que resultó en que ser emprendedor se convirtiese en una bolsa de dificultades más que una opción.
En el marco de las observaciones anteriores, cabe agregar que una función pasiva de represión, respecta a la suspensión de estos servicios a la sociedad, no solo complicando su situación aún más, sino que postergando ese sufrimiento, el cual servirá como colaborante a la oposición para alimentar su discurso de libertad y exigencia de respeto a las autoridades. Esto es evidenciable en casos como en Siria, bajo el gobierno de Bashar al‑Asad en 2011, en ese periodo, fuerzas estatales cortaron electricidad, líneas telefónicas y suministro de agua en zonas que se convirtieron en focos de protestas contra el régimen, como parte de operaciones militares para sofocar las manifestaciones, según medios de comunicación, fungió como castigo a las zonas que se rebelaron, para aislar a la sociedad con un Estado el cual era altamente centralizado sobre la provisión de servicios. Del mismo modo, escenario parecido ocurrió en Venezuela en el año 2016, dónde el gobierno de Nicolás Maduro declaró estados de emergencia y de excepción en un contexto de protestas por escasez de alimentos y medicinas, combinando concentración de poder, militarización de la distribución de alimentos (CLAP) y graves fallas en servicios básicos, lo que afectó de manera sistemática el acceso a salud, alimentación y educación, reteniendo subsidios y así generando crisis en esos sectores según Human Rights Watch, (2016).
Es evidente entonces que si se sale de las manos la capacidad de generar un cambio por parte de la oposición, el terminar abogando por la incidencia extranjera es el último recurso que se vislumbra, lo cual, en lo anterior mencionado, solo generará burocracia y estancamiento si es que se debate una intervención, esto a base del derecho internacional. Asimismo, esto genera una dependencia esperanzada en las acciones internacionales, y estas han demostrado de forma empírica tediosidad en estos temas, generando incertidumbre e histeria reprimida. Al igual que, mientras más avanza la dictadura en temas de poder, ya trascendiendo fuera de su territorio nacional, causa que dicha nación se convierta en un peligro ya reconocible por algunos países. Lo cual hace que las opciones para dar fin al problema afecten más a la población que en un principio. Lo cual nos lleva a este postulado. ¨La abstención de las acciones contundentes para liberar un país durante un periodo prolongado desencadena que las represalias hacia la estructura dictatorial trasciendan a niveles mayores de las que en un principio se pudieran haber evitado¨. Simplificado, ante situaciones difíciles, soluciones a la altura. De forma realista, esas soluciones no terminan siendo el precio a pagar por la libertad, sino las consecuencias de un pasado irresponsable y una carencia de actitud para dirigir un movimiento que verdaderamente tuviese un plan realista a un escenario crudo como lo son los autoritarismos.
Tras el análisis pormenorizado de las tesis planteadas en este ensayo, llego a una conclusión ineludible sobre la inutilidad de los métodos tradicionales frente a estructuras de poder que han trascendido los límites de la legalidad convencional. La “democracia pacifista”, lejos de ser un camino hacia la libertad, se ha transmutado en una herramienta funcional para el propio régimen, alimentando un ciclo de error y postergación de la desdicha que arropa a la sociedad venezolana. Esta estrategia, arraigada a una inacción que busca mantener una supuesta rectitud moral, ha demostrado ser plenamente perjudicial para las masas, pues, se enfrenta a un adversario que no reconoce los mismos códigos éticos ni respeta los procedimientos institucionales. El liderazgo opositor, visto como una parafernalia colaborativa o un órgano heraldo de una esperanza cojeante, carece de la organización, los recursos y, sobre todo, del coraje necesario para ejecutar un accionar verdaderamente eficiente. En consecuencia, la persistencia en estas tácticas simbólicas como son las marchas sin objetivo, colectas de firmas y referendos en instituciones ya tomadas, no representaran un peligro real para la cúpula, sino que actúa como un placebo que permitirá al tirano justificar nuevos periodos de castigo contra quienes intentan rebelarse. Al final, este bucle de liderazgo político estancado solo sirve para que la sociedad termine pagando las consecuencias de una estrategia que, por su naturaleza, se reduce a la mera inutilidad en escenarios dictatoriales.
La realidad del control totalitario se manifiesta en la instauración de una “guerra civil legal”, donde el estado de excepción deja de ser una medida extraordinaria para convertirse en el paradigma normal de gobierno. En este escenario, la dictadura ejerce una represión estratégica y selectiva que anula cualquier intento de expresión popular a través de los cauces del derecho ya existente, los cuales han sido mermados sin mesura por el aparato estatal. Bajo esta lógica de “vidas prescindibles”, el régimen utiliza la apariencia de legalidad para formalizar un orden jurídico extraordinario que autoriza la persecución, detención y eliminación física de los opositores bajo la cobertura de disposiciones de emergencia. Esta dinámica de excepción permanente, similar a la experimentada en periodos históricos oscuros en el mundo, permite al poder centralizado controlar áreas imprescindibles como la salud y la alimentación, utilizando el hambre y la carencia de servicios básicos como una función pasiva de represión. Así, la población se ve sumida en una dependencia forzada hacia el tirano, donde el miedo a perder el acceso a necesidades vitales genera un conformismo trágico o una abstención absoluta de la protesta. El control de las potestades estatales se esparce por el sistema, dejando a la sociedad civil sin alternativas de ingreso o fuentes de poder autónomo, especialmente tras la destrucción del sector privado y la centralización absoluta de la vida pública.
Ante el estancamiento interno y la erosión de las capacidades de la oposición para generar un cambio real, el recurso a la incidencia extranjera se presenta como la última esperanza, aunque, esta ha demostrado ser una fuente de incertidumbre e histeria reprimida. Del mismo modo, las instituciones internacionales, a menudo, señaladas por su tediosidad y burocracia exterior, han participado más en el incremento de los trámites que en la resolución efectiva de la problemática, dejando al país en una dependencia esperanzada pero estéril. Esta inacción internacional, sumada a la abstención de acciones contundentes por parte de los actores locales durante periodos prolongados, ha permitido que la dictadura trascienda sus fronteras y se convierta en un peligro reconocido a nivel global. El postulado central de este trabajo cobra pues una relevancia crítica: la postergación de las soluciones realistas y crudas ante un escenario de autoritarismo, solo garantiza que las represalias futuras sean de una magnitud mucho mayor a las que se habrían enfrentado inicialmente. En última instancia, la libertad no se alcanzará mediante palabras melosas o narrativas democráticas vacías, sino reconociendo que la democracia pacifista es un sistema inválido frente a quienes ostentan el poder mediante la coacción y el control absoluto de las instituciones. Las soluciones deben estar a la altura de la gravedad de la situación, entendiendo que el precio que se paga actualmente no es el de la liberación, sino las consecuencias de un pasado irresponsable y una carencia sistemática de actitud para dirigir un movimiento de cambio verdadero. Y eso se presenta con una palabra: “Cobardía”.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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