Caracas. – La ONG Provea denunció este pasado viernes, que entre 90% y 96% de las violaciones de derechos humanos denunciadas en el país permanecen sin sanción, una realidad que, según esa organización, compromete cualquier intento de reforma institucional.
Así lo reveló el coordinador general de la institución, Óscar Murillo, durante la presentación del informe anual correspondiente al año 2025, y en declaraciones que ofreció al portal noticioso El Impulso.
En sus palabras, Murillo sostuvo que el problema de fondo no radica únicamente en la necesidad de modificar leyes o impulsar cambios administrativos dentro del sistema judicial, sino en la ausencia de voluntad política para garantizar que esas transformaciones se traduzcan en justicia efectiva para los ciudadanos.
Igualmente, denunció que la impunidad ha permitido durante años la utilización discrecional de los órganos de justicia y seguridad del Estado.
El coordinador general de la ONG señaló que fiscales, jueces y cuerpos policiales actuaron en numerosos casos sin los controles institucionales necesarios, para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.
En este sentido, explicó que por esta falta de contraloría la aplicación de delitos como terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio, facilitó la criminalización de ciudadanos, dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos.
Murillo advirtió que cualquier transformación será insuficiente si no viene acompañada de decisiones políticas, que garanticen independencia institucional, transparencia y respeto al debido proceso.
Finalmente, recordó que Provea participó anteriormente en procesos de discusión, sobre reformas policiales y otras iniciativas institucionales, las cuales lamentablemente terminaron sin producir cambios efectivos, en la actuación de los organismos del Estado.
