Caracas. – Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron este pasado miércoles, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el interinato chavista liderado por Delcy Rodríguez, ha consolidado un «sistema de gobernanza criminal híbrido» en Venezuela. La acusación formal se presentó durante una audiencia pública enfocada en los impactos ambientales y sociales de las actividades extractivas en el sur del país.
Las ONG SOS Orinoco, Washington Office on Latin America (WOLA), Due Process of Law Foundation (DPLF), Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y la Comisión Internacional de Juristas, señalaron que no ha habido cambios sustantivos en la gobernanza del territorio desde el 3 de enero y a firmaron que el sistema interino de Delcy Rodríguez “ha permitido la consolidación del sistema de gobernanza criminal híbrido”.
Asimismo, afirmaron que Venezuela se ha convertido en un “playground” para estructuras criminales que ejercen control sobre territorios dedicados a la explotación minera, especialmente en el sur del país.
De acuerdo con un informe de SOS Orinoco, se ha identificado la presencia de al menos 26 grupos armados organizados en 20 de los 21 municipios, entre ellos el ELN y las FARC, señalados como actores con influencia en las zonas de extracción.
«La evidencia recopilada apunta a un sistema de gobernanza criminal hibrida con un impacto transnacional y transfronterizo», indicó Cristina lisa, fundadora de SOS Orinoco.
Las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. fue otro punto denunciado durante la sesión. Las organizaciones advirtieron que las autorizaciones de la OFAC no exigen trazabilidad del mineral, ni verificaciones independientes que garanticen que el oro y otros recursos están libres de conflicto.
“Las licencias otorgadas no obligan a excluir áreas controladas por el ELN, disidencias de las FARC, sindicatos mineros, el Tren de Aragua o estructuras militares, ni incorporan salvaguardas ambientales o requisitos de consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas”, se lee en la denuncia realizada por la ONG SOS Orinoco.
Las organizaciones señalaron directamente a Delcy Rodríguez. Afirman que ella es responsable de la consolidación de este esquema y que asumir el control del aparato financiero y petrolero ha sido clave para ello. Ademas, supervisa las empresas militares, facilitando el control territorial.
La presencia de estos grupos y la falta de garantías institucionales generan temor. Inversionistas internacionales evitan participar en el sector minero.
