El anuncio conjunto entre la administración de EE. UU. y las autoridades venezolanas encabezadas por la jerarca del narcorégimen chavista Delcy Rodríguez, sobre un histórico pacto energético ha reactivado de forma inmediata el debate geopolítico e institucional sobre el futuro de los recursos estratégicos de la nación.
El convenio, que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, una proyección de inversión privada superior a los USD$ 100.000 millones y el acceso norteamericano a 65.000 millones de barriles en reservas probadas, representa la mayor apertura petrolera del país en décadas, prometiendo a su vez más de USD$ 209.000 millones en tributos fiscales para las arcas públicas.
Sin embargo, el despliegue de negociaciones comerciales de tal magnitud sin un marco regulatorio y de contraloría plenamente auditable ha encendido las alarmas de diversos sectores civiles, políticos y organizaciones en el exilio.
Ante los vacíos sobre los mecanismos de fiscalización, el destino real de los ingresos tributarios y la falta de salvaguardas explícitas sobre la institucionalidad del país, crecen las demandas internacionales para que el flujo de capital no se traduzca en opacidad ni postergue compromisos fundamentales en materia de institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos.
En este marco, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha solicitado, a través de un comunicado, que se expliquen públicamente su alcance, condiciones y mecanismos de supervisión, recordando que se deben garantizar beneficios verificables para los venezolanos, proteger el patrimonio nacional y prevenir la corrupción.
El comunicado en integro expresa:
Miami, Florida, 28 de agosto de 2026.
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), ante las informaciones periodísticas sobre negociaciones petroleras entre Estados Unidos y las autoridades encabezadas por Delcy Rodríguez, solicita que se expliquen públicamente su alcance, condiciones y mecanismos de supervisión.
VEPPEX reconoce que la inversión internacional y las relaciones comerciales con Estados Unidos pueden contribuir a la recuperación económica de Venezuela. Sin embargo, cualquier acuerdo que comprometa recursos estratégicos debe garantizar beneficios verificables para los venezolanos, proteger el patrimonio nacional y prevenir la corrupción.
En consecuencia, solicitamos:
- Transparencia sobre las condiciones del acuerdo: campos involucrados, duración, inversiones comprometidas, derechos otorgados y distribución de los ingresos.
- Identificación de las empresas, intermediarios y beneficiarios finales, con controles independientes para detectar conflictos de interés e impedir que redes de corrupción se beneficien de las negociaciones.
- Auditorías independientes y rendición pública de cuentas sobre los recursos obtenidos y su utilización para atender las necesidades de la población y recuperar los servicios esenciales.
- Explicación de los fundamentos jurídicos y procedimientos de autorización, así como de los mecanismos de fiscalización y revisión de los compromisos asumidos.
- Compromisos verificables en materia de derechos humanos y democracia. La cooperación económica debe acompañarse de la liberación plena de los presos políticos, el cese de la persecución y garantías para el retorno voluntario y seguro de los exiliados.
Las negociaciones comerciales no deben servir para encubrir responsabilidades individuales, obstaculizar investigaciones ni conceder impunidad a cambio de oportunidades de inversión.
Mientras no se conozcan las condiciones definitivas, no corresponde presentar como demostrados los beneficios ni los perjuicios del eventual acuerdo. Sí corresponde exigir información y garantías antes de comprometer el futuro del país.
El petróleo venezolano debe contribuir al bienestar de los venezolanos, con transparencia, justicia y rendición de cuentas.
José Antonio Colina
Presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio — VEPPEX
En Dios Confiamos.
