Por Leroy Garrett (@LeroGarrett).
¿Luego de tanta publicidad, foros, tertulias, champaña y canapés en Caracas y los centros de poder y negocios, el proclamado boom petrolero y aurífero más grande de la historia, fase primera y más importante del Plan Trump para Venezuela no arranca? La clave está en el problema con el oro, ¿Qué ocurre cuando una transacción ilícita intenta lavarse dentro de una operación comercial legítima?
Hay mucho ruido alrededor de la procedencia legal, y ya está bloqueando a las refinerías de oro de EE. UU. No aceptan procesar el oro venezolano. Lo describió hace días The New York Times: el metal llegó; el certificado de origen limpio, no. El mismo problema acompaña al petróleo y al gas. Desde el 3 de enero, EE. UU.también vigila y comercializa la producción aurífera del país bajo su dirección.
El cuello de botella no es logístico, es de origen. Las reglas estadounidenses condicionan la refinación a un commodity libre de vínculos con organizaciones criminales, corrupción o destrucción ambiental. En la Venezuela que sigue gobernada por el chavismo —sin Maduro, y bajo tutela de la administración Trump— no hay manera de asegurar que el oro extraído allí esté limpio.
La procedencia ilícita es una amenaza mayor a la cadena de suministro global y a la economía legal en su conjunto. Alcanza minerales, petróleo, subcontratación, facturación y cripto.
Estos problemas de limpiar crimen dentro de operaciones financieras ilícitas están llevando a los expertos en considerarlo un crimen alineado en importancia al lavado de dinero. Los efectos corrosivos al orden jurídico y sana convivencia son los mismos.
Acerca la actividad de extracción del oro, Estados Unidos ya sacó de circulación al capo que controlaba parte del negocio criminal del sur (el Niño Guerrero). No bastó. Como no basta solo el arresto de Maduro y Cilia en favor del mantenimiento de toda la estructura criminal chavista.
Las prácticas criminales, la ausencia de Estado de derecho, el daño ambiental y las condiciones laborales en servidumbre flagrante siguen presumiéndose como negocio de todos los días. Las minas del sur siguen pagando “protección”. El metal que sale de ahí no se certifica.
La reapertura de la industria petrolera —asunto conocido de seguridad nacional para EE. UU.— enfrenta en silencio el mismo obstáculo. ¿Qué tan legítimo puede ser un contrato cuyo otorgante era, antes de enero, un Estado forajido, y cuya única variación ahora es que los capos están presos, a la espera de juicio en Brooklyn?
Por eso tiene perfecto sentido que solo los brownfields (Campos petroleros activos) atraigan inversión y hasta traspaso o despojó material de sus antiguos tenedores. Tal vez porque aún residualmente, dichos activos se presumen existentes bajo, o transferidos desde, acuerdos legítimos de un orden jurídico anterior asumido legal. El muro que impide a las grandes petroleras volver en avalancha es precisamente que el otorgante carece hoy de legalidad y de legitimidad.
Eso hay que arreglarlo. Sin procedencia limpia no hay cadena legal. Sin cadena legal no hay inversión de fondo. Y sin inversión de fondo, las fases no arrancan.
