Caracas. – La dirigente política María Corina Machado denunció este pasado jueves, que la administración de Donald Trump no la incluyó en las conversaciones políticas que se celebran esta semana en Caracas, entre el narcorégimen interino de Delcy Rodríguez y la ilegítima Asamblea Nacional de 2015.
Así lo aseguró durante una entrevista con The New York Times, en la cual aseguró que regresará al país «antes de lo que se imaginan», para movilizar a sus seguidores de cara a futuras elecciones.
Machado expuso el distanciamiento con la Casa Blanca. Según la dirigente, Washington la ha mantenido al margen durante meses, mientras favorecía la continuidad de Rodríguez como encargada de la tiranía chavista, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.
El Departamento de Estado sostuvo, sin embargo, que el partido de Machado había sido invitado a participar y que “María Corina tiene todo el derecho a entrar en su país cuando quiera”.
La tensión de fondo —a juicio de algunos especialistas y politólogos— radicaría en la diferencia entre la participación institucional del partido y la inclusión personal de Machado en la mesa de negociaciones.
La dirigente quedó fuera del mecanismo desde su inicio, porque no pertenece a la írrita Asamblea Nacional de 2015, el formato institucional que Washington eligió como marco del diálogo.
Cabe recordar que la tercera ronda de conversaciones arrancó el 14 de octubre con Jorge Rodríguez al frente de la delegación chavista y Dinorah Figuera por la oposición vinculada a esa Asamblea.
El proceso ha producido resultados concretos: la segunda ronda, celebrada en septiembre, concluyó con la liberación de 39 presos políticos, y EE. UU. retiró las sanciones contra Jorge Rodríguez el mismo día en que arrancó esta nueva fase.
También, Machado sostuvo que el proceso de estabilización de Venezuela «se podría haber hecho sin ella (Delcy Rodríguez)», y ha calificado a la encargada del interinato chavista como «parte del sistema criminal».
Igualmente, en ese contexto, María Corina defendió la creación de una comisión de la verdad y de tribunales especiales para juzgar los abusos de Derechos Humanos atribuidos a la actual encargada de dirigir al narcorégimen, sobre cuya figura advirtió que podría verse implicada en delitos que «no son objeto de amnistía ni de perdón», tal como lo contempla la Constitución venezolana.
