Caracas. – La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) solicitó este miércoles, al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) evaluar e investigar denuncias sobre presuntas torturas y graves violaciones de derechos humanos, que son atribuidas a 17 funcionarios y exfuncionarios de la Narcotiranía chavista.
La organización, creada por el militar disidente, José Antonio Colina, expuso su exigencia en un comunicado, que fue difundido por redes sociales y diversas plataformas.
La solicitud, remitida directamente a la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP) de la División Criminal de la entidad estadounidense, exhorta a evaluar la responsabilidad de los señalados bajo el amparo de las leyes federales que respaldan el enjuiciamiento de crímenes de tortura cometidos fuera del territorio estadounidense.
El documento institucional elevado por VEPPEX se fundamenta en los estándares contemplados en la legislación de EE. UU., la cual habilita perseguir penalmente a perpetradores de tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando las víctimas o las circunstancias cumplan los criterios legales previstos en los tratados internacionales.
También, señaló que informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de organizaciones internacionales, han documentado durante años denuncias de abusos relacionados con organismos represivos como la DGCIM, el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el CICPC.
Entre las 17 personas cuya actuación VEPPEX solicita evaluar individualmente figuran:
- Iván Hernández Dala.
- Gustavo González López.
- Alexander Granko Arteaga.
- Rafael Franco Quintero.
- Rafael Blanco Marrero.
- Hannover Guerrero Mijares.
- Carlos Calderón Chirinos.
- Elio Estrada Paredes.
- Douglas Rico González.
- Jhonny Salazar Bello
- Danny Ramón Ferrer Sandrea.
- Alexis Rodríguez Cabello.
- Javier Marcano Tábata.
- Néstor Reverol Torres.
- Manuel Cristopher Figuera.
- Hildemaro Rodríguez Múcura.
- Rubén Darío Santiago Servigna.
La organización solicitó además que cada caso sea analizado de forma independiente, sobre la base de las evidencias disponibles, las leyes aplicables y el debido proceso.
Igualmente, pidió evaluar posibles responsabilidades individuales, coordinar cuando corresponda con el FBI y HSI, preservar evidencias y establecer mecanismos confidenciales para recibir testimonios de víctimas y testigos.
“La búsqueda de responsabilidades resulta esencial para combatir la impunidad y proteger los derechos de las víctimas de persecución política”, sostuvo VEPPEX en su misiva.
