Caracas. – Un nuevo retraso sufrió este jueves el juicio que se le sigue al capitán Juan Carlos Caguaripano y a otros 22 procesados por el caso Paramacay, cuando la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, se reservó nuevamente un lapso de 10 días hábiles para emitir su fallo sobre la apelación realizada por los acusados.
El abogado Luis Armando Betancourt, quien representa a los señalados en el citado caso, indicó que la instancia judicial no abrió despacho y señaló que el equipo legal evalúa recursos para denunciar formalmente la demora, tras cumplirse el lapso fijado luego de la audiencia del pasado 26 de agosto.
En la audiencia celebrada este miércoles 28 de octubre hasta casi la medianoche, el juez presidente del circuito judicial y de esa misma sala, Carlos Bonilla Álvarez, prohibió a los defensores hablar sobre la forma en que le quitó el expediente a la Sala 1 para asumir él mismo el caso.
Antes de escuchar los reclamos contra la condena, el propio Bonilla Álvarez tomó la palabra para justificar el cambio de tribunal con el argumento de que una jueza de la Sala 1 presentó dos reposos médicos seguidos hasta sumar 21 días de ausencia, lo que según él retrasaba la apelación.
Es necesario destacar que la jornada judicial se desarrolló bajo una modalidad mixta. Mientras que un grupo de al menos 13 procesados fue trasladado en autobuses directamente a la sede del Palacio de Justicia en Valencia, el capitán Caguaripano y los defensores intervinieron a distancia, por vía telemática, desde las inmediaciones de la cárcel de El Rodeo I.
El abogado defensor Juan Carlos Taguaruco, en conversación telefónica con algunos medios, señaló que «el juez presidente sacó ese tema de manera incidental; primero advirtió que no era materia de la audiencia y después dijo, como punto de información, que se vio compelido a ordenar la redistribución de ese asunto por el reposo de la jueza. Sin embargo, no permitió que se debatiera sobre esos aspectos ni que ninguno de los abogados hiciera referencia a las condiciones en las cuales, a nuestro juicio abiertamente ilegales, él se arroga el conocimiento de esta causa”.
Taguaruco y otra abogada defensora, Theresly Malavé, calificaron esta acción como una usurpación de funciones jurisdiccionales, argumentando que el cambio detuvo la publicación de una sentencia que ya estaba redactada por el tribunal natural que conoció la causa originalmente.
Ante este escenario, los defensores acudieron a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para intentar frenar la audiencia de forma urgente, pero ante la falta de una respuesta oportuna del máximo tribunal, la sesión programada siguió su curso.
El diputado de la Asamblea Nacional de 2015, Ángel Álvarez Gil, y activistas de derechos humanos acompañaron a las familias a las afueras de la sede judicial durante la larga espera. Los voceros recordaron que los detenidos acumulan casi una década privados de libertad y han sufrido traslados por al menos cinco centros penitenciarios sin obtener una resolución judicial definitiva.
Irene Olazo, esposa de Caguaripano, difundió un nuevo video por las redes sociales denunciando este nuevo retraso, al cual calificó como un método más de tortura empleado por el narcorégimen interino, para angustiar a los familiares de los procesados por estos casos de tinte político.
