El Centro para los Defensores y la Justicia publicó un informe, en el cual se precisa que 31 de las agresiones fueron contra organizaciones defensoras de los DDHH, mientras que 17 fueron acciones individuales contra personas promotoras de estos valores
Caracas. – La ONG Centro para los Defensores y la Justica detectó 48 ataques durante el pasado mes de mayo, dirigidos a actos que promovían la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela.
El organismo, en su página web (www.centrodefensores.org.ve) publicó un informe en el cual detalla que estas agresiones fueron clasificadas en dos grupos. Treinta y una (31) de ellas estuvieron dirigidas contra organizaciones de DDHH o encargadas de acciones humanitarias, mientras que las 17 restantes fueron ataques individualizados, contra personas promotoras de los DDHH.
«El entorno para el ejercicio del derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos es más adverso con el pasar de los días. A medida que las agresiones y las amenazas recrudecen y aumentan y en tanto el entorno socio-político facilita que los actores responsables concreten los ataques, los niveles de riesgo para quienes desarrollan estas actividades incrementan», señaló el informe de la ONG.Igualmente, señaló que estos actos de violencia forman parte de la política de criminalización, establecida por la narcotiranía, para atentar contra grupos o individuales que fomenten el respeto a los DDHH o realicen acciones humanitarias.
El estudio del centro de defensores, caracterizó a los ataques en 4 tipos: estigmatización, amenazas, hostigamientos y ataques digitales.En estas categorías, la que más se llevó a cabo en mayo fue la estigmatización, con 26 casos de agresiones entre los 48 contabilizados.
Doce fueron por amenazas, 8 por hostigamientos y 2 por ataques digitales.También, en el informe se analiza a los autores de estos ataques. Un total de 15 (31%) de los ataques fueron realizadas por personas o agrupaciones afectas a los intereses políticos del Estado. Estos agresores perpetraron principalmente amenazas y actos de intimidación y hostigamiento. Luego, «unos 14 hechos (29%), fueron efectuados por funcionarios públicos, incluyendo de alto nivel, quienes hicieron uso de sus perfiles en redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamentales para estigmatizar, amenazar e intimidar», según lo reflejado en el análisis.
También precisa que 12 de los ataques (25%) fueron perpetrados desde los medios de comunicación tradicionales y digitales del Estado, y sus cuentas en redes sociales.Finalmente revela que solo 4 fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas (9%); y 3 hechos fueron ejecutados por organismos de seguridad del Estado (6%).
