Caracas. – A principios de mayo se reportaron graves y presuntas filtraciones de datos masivas que involucran a importantes entes del narcorégimen, como SAIME, SAREN, y el Sistema de Carnet Fronterizo, así como también a la plataforma privada de financiamiento Cashea. Las brechas habrían expuesto información personal y financiera de millones de venezolanos.
Los reportes difundidos en redes sociales, pero no confirmados aun oficialmente, señalan que la filtración incluiría cédulas, fechas de nacimiento, profesiones y documentos civiles clave, información altamente delicada que podría ser usada para fraudes, suplantación de identidad y persecución.
Las alertas han sido difundidas por servicios de monitoreo como VECERT Analyzer y Dark Web Intelligence.
En el caso del Saime, los supuestos atacantes afirman haber extraído una base de datos biográfica con alrededor de 35.2 millones de registros. Entre los datos presuntamente comprometidos figuran números de cédula, nombres completos, sexo, fecha de nacimiento, profesión y fechas de registro en el sistema.
Sobre el Saren, la filtración habría implicado la exfiltración de aproximadamente seis terabytes de documentos legales en formato PDF, incluyendo certificados de nacimiento y otros registros civiles sensibles relacionados con filiación, herencia y estado civil.
Asimismo, la presunta vulneración del sistema de Carnet Fronterizo incluiría cerca de 92.000 registros detallados con información como correos electrónicos, números telefónicos, identificaciones extranjeras, contraseñas y fechas de registro.
Mientras, sobre Cashea, una plataforma venezolana de financiamiento y pagos por cuotas, la página Dark Web Intelligence indica, que un actor de amenazas estaría ofreciendo un supuesto conjunto masivo de datos transaccionales vinculados a la empresa.
De confirmarse el alcance total, las denuncias en redes aseguran que se estaría ante uno de los mayores golpes de ciberseguridad en la historia reciente de Venezuela. El narcorégimen chavista, que presume control absoluto, ni siquiera puede proteger los datos básicos de sus ciudadanos.
