La redacción de la segunda propuesta de nueva Constitución de Chile entró en una etapa decisiva en la que el Consejo Constitucional, que fue elegido a través del voto popular, revisará y modificará el anteproyecto que elaboró una Comisión Experta y que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre.
El proceso, sin embargo, se lleva a cabo en un clima de tensión ya que los consejeros de izquierda denuncian que la oposición se resisten a negociar y aprovechan que tienen una amplia mayoría —33 a 17 curules— para imponer enmiendas sin ningún ánimo de consenso.
No obstante, cabe recordar que el año pasado, cuando se elaboró el primer borrador, fue la izquierda –en ese entonces con mayoría en la ya desaparecida Convención Constituyente– la que terminó acusada de no ceder y de implantar su visión en un proyecto constitucional.
A pesar de ello, el proyecto fracasó cuando, finalmente, se rechazó en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, lo que obligó a que se realizara un segundo intento, que es el que está en marcha.
Para evitar los errores cometidos el año pasado, en esta ocasión se diseñó otra estructura institucional, en la que participan una Comisión Experta, un Comité Técnico de Admisibilidad y un Consejo Constitucional.
De cualquier manera, la redacción de una nueva propuesta avanza en medio de la apatía, la desconfianza y el rechazo.
El lunes, al cumplirse el primer aniversario del plebiscito que rechazó el primer borrador, la consultora Cadem publicó una encuesta que reveló que solo el 30% apoya la nueva Constitución, mientras que el 53% la rechaza.
Esta es una tendencia negativa que ha sido firme y creciente a lo largo de este año y se suma al hecho de que el 46% se manifiesta a favor de que se mantenga la actual Constitución, que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet, y cuya sustitución por una nueva Carta Magna fue uno de los principales reclamos del estallido social de 2019.
Por otra parte, el 57% considera que, si el segundo borrador también es rechazado en el plebiscito de diciembre, el proceso debe darse por terminado, lo que implicaría que la Constitución actual siga vigente y ya no se pueda pensar en una nueva en varios años.
