El socialismo chileno sigue los mismos pasos que México, y el metal será explotado por una nueva empresa estatal a partir del segundo semestre de 2023. Se permitirán asociaciones público-privadas pero bajo un estricto control estatal. Las medidas limitan gravemente el potencial de la inversión privada en un recurso fundamental para el futuro.
Siguiendo el libreto socialista más radical, el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la estatización de la industria del litio en Chile, del mismo modo en que lo anunciaba México bajo el tutelaje de Andrés Manuel López Obrador hace tan solo dos meses.
La medida establece fundamentalmente la expropiación del mineral, que ahora le pertenece al Estado chileno celosamente. Sin embargo, se establecieron una serie de etapas de transición y se permite una cierta participación privada en la inversión, a fin de evitar un shock aún más traumático sobre una industria clave para las exportaciones del futuro cercano.
El Estado chileno no dispone de los medios logísticos, tecnológicos y financieros que son necesarios para una explotación eficiente del mineral. Las propias autoridades lo reconocieron al advertir que solo el sector privado es capaz de hacerlo de manera moderna. Sin embargo, la nacionalización se llevará a cabo de todos modos por cuestiones ideológicas y pero por estos efectos se permite la inversión privada acotada.
El Gobierno anunció que se respetarán los contratos con empresas privadas que actualmente permanecen en vigencia, por ejemplo las explotaciones de la empresa estadounidense Albemarle Corporation y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) de capital privado doméstico.
Asimismo, se permitirá la inversión privada de empresas nacionales o extranjeras pero solamente en asociación directa con el Estado chileno. De esta manera, el proyecto pretende garantizar que el Estado tome participación en todas y cada una de las etapas de explotación del litio. Nuevamente, la estrategia es muy similar a la que llevó adelante el presidente de México con la reforma energética.
Esto genera un costo importante para la inversión potencial del sector privado, ya que asociarse con el Estado implica una limitación que antes no existía. Esto se añade al deterioro generalizado en las condiciones de inversión en el país, fundamentalmente por los impuestos a las exportación y las reformas tributarias propuestas por Boric (que apuntan a aumentar la carga impositiva para sociedades).
“El Estado es dueño del litio. Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”, afirmó el presidente Boric.
Chile pierde un caudal de inversión potencial importante en el sector privado, y en un recurso natural especialmente estratégico para la exportación competitiva. El litio chileno se extrae desde el salar de Atacama y representa hasta el 30% del abastecimiento global de este mineral, uno de los proveedores más importantes del mundo.
El proyecto del Presidente propone la creación formal de una Empresa Nacional de Litio, aunque para ello se requerirá una nueva luz verde por parte del Parlamento chileno. Mientras tanto, la Corporación Nacional del Cobre será facultada para administrar los contratos con las empresas privadas implicadas en el litio y llevar a cabo las licitaciones para la asociación público-privada de nuevos proyectos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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