Escándalo en Brasil: Una grabación muestra al Ministro de Seguridad de Lula presente en el “Asalto al Capitolio” del 8 de enero

De Derecha Diario

El ministro debió renunciar luego de que se hicieran públicas imágenes que lo ubican en el medio de las protestas organizando todo.

La invasión de los edificios de los Tres Poderes en la capital brasileña el pasado 8 de enero, que fue la culminación de meses de protestas en contra de la fraudulenta victoria de Lula da Silva, le sirvió al gobierno de izquierda para lanzar una masiva campaña de arrestos arbitrarios contra la oposición.

Periodistas, empresarios, políticos y hasta influencers de redes sociales que apoyaron la teoría del fraude electoral fueron arrestados. Cientos de medios fueron bloqueados, inclusive La Derecha Diario, que al día de hoy se encuentra inaccesible en Brasil sin VPN.

Figuras destacadas de la derecha no tardaron en advertir que el “Asalto al Capitolio” podría haber estado planificado por fuerzas del gobierno de Lula para usar como justificación de este avance contra la oposición.

Así como en el “Asalto al Capitolio” del 6 de enero del 2021 en Washington D.C., poca presencia policial, puertas abiertas y edificios vacíos fueron la norma. Pero la confirmación más importante hasta el momento llegó este miércoles 19, cuando CNN, un medio alineado a Lula, mostró imágenes que ubican al jefe de la cartera de Seguridad de Lula en el foco de las manifestaciones.

En los videos se lo ve a Marco Gonçalves Dias, jefe de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), lo más parecido a un ministro de Seguridad en otros países como Argentina, circulando y guiando a los invasores que destrozaron el Palacio del Planalto en ese polémico día.

La emisora, que venía defendiendo a Lula pero debió cambiar su discurso ante la viralización de la noticia, ​​tuvo acceso exclusivo a las imágenes del circuito interno de 22 cámaras de la sede del Poder Ejecutivo y se analizaron más de 160 horas.

Secuencia de los hechos

El ministro renunció a la tarde del día siguiente a la publicación del video, este miércoles 19 de abril. Se lo acusa de haber llevado manifestantes disfrazados para incitar la violencia en lo que habían sido hasta el momento manifestaciones masivas pero pacíficas.

A las 16:29 horas de ese fatídico 8 de enero, dos cámaras de seguridad internas lo captaron durante la invasión del Palacio del Planalto. Al principio, aparece caminando solo por el tercer piso del Palacio, en la antesala de la oficina del Presidente de la República. Pronto, Gonçalves Dias intenta abrir dos puertas y luego entra al gabinete.

Minutos después, el ministro aparece caminando por el mismo pasillo con unos invasores, guiándolos y aparentemente diciéndole lo que tienen que hacer. Las imágenes sugieren que en ese momento estaría indicándole la salida de emergencia al grupo de invasores luego de cometer los destrozos.Luego, en las imágenes aparecen otros miembros del GSI, indicando también la salida a los invasores que se encontraban en el tercer piso del Palacio del Planalto.

Cabe destacar que la invasión ocurrió un domingo y Lula estaba de viaje con todo su gabinete en Sao Paulo, por lo que no tenía razón para estar en la Casa de Gobierno en ese momento. Además, es raro que en el frenesí de lo que fue el “Asalto al Capitolio”, los manifestantes le hicieran caso a un ministro que tenían entre ceja y ceja.

Tras la divulgación de las imágenes en medios y en redes sociales, diputados federales bolsonaristas exigieron que se llame a una Comisión Parlamentaria Investigativa (CPMI) del 8 de Enero, algo que los petístas pidieron en un principio pero rápidamente recularon, capaz dándose cuenta que en vez de condenar a Bolsonaro por “incitar la violencia”, se destaparía una organización de fondo comandada por su propio líder, Lula da Silva.

¿Cómo era Ecuador antes de la dolarización? El cambio de modelo que transformó el país

De Derecha Diario

La economía ecuatoriana atravesaba los mismos problemas con los que hoy debe lidiar Argentina, entre ellos la elevada inflación, el estamento económico, el deterioro del tejido social y la falta de crédito a largo plazo. La dolarización sentó las bases de un cambio de modelo que permitió superar estos problemas.

La dolarización de Ecuador no solamente implicó un cambio de régimen monetario, sino que funcionó como el pilar para un cambio de modelo económico, y un cambio en la manera de hacer política económica. El sistema político perdió las herramientas para maniobrar a costa de la estabilidad de precios y la recaudación de señoreaje.

A pesar de tener una “política monetaria autónoma” y disponer de amplias herramientas para intervenir en el ciclo económico o responder a shocks externos, la economía ecuatoriana se encontraba completamente estancada entre las décadas de 1980 y 1990, medida a partir del ingreso por habitante.

El ingreso real por habitante acumuló una caída del 1% entre el primer trimestre de 1990 y el mismo trimestre del año 2000, la mayor parte concentrada en la brutal crisis financiera del año 1999. Esto cambió radicalmente con el proceso de dolarización, ya que el PBI per cápita a precios constantes se expandió un 36% hasta el cuarto trimestre de 2022, y hasta un 49,6% si se compara contra el cuarto trimestre de 2014 (el máximo nivel alcanzado en la historia ecuatoriana). 

Ingreso real por habitante y tasa de pobreza en Ecuador.

La cantidad de personas con ingresos inferiores a los 6,9 dólares constantes de 2017 (ajustados por paridad de poder adquisitivo) superaba el 65% antes de la dolarización, según la base de datos del Banco Mundial.

El organismo de crédito multilateral estima que para el año 2021, las personas con menos de 6,9 dólares PPP de 2017 representó el 32% de la población total, e incluso se llegó a un mínimo del 27% en el año 2017. La dolarización provocó que la tasa de pobreza se redujera a la mitad en 20 años. 

La reducción sistemática de la marginalidad social se debe a la eliminación del componente inflacionario en la determinación de la pobreza, que permitió la consolidación de los ingresos en términos de poder adquisitivo. El salario real se duplicó desde el año 2000, y la tasa de pobreza actual responde en mayor parte a las fluctuaciones del ciclo económico y la evolución de la tasa de desocupación (que fluctuó entre el 10% y el 3% en el nuevo régimen monetario).

Al igual que Argentina, la economía de Ecuador se caracterizaba por su elevada inestabilidad de precios y los múltiples controles cambiarios que aplicados por diversos Gobiernos a fin de reprimir la demanda de divisas como una suerte de refugio a la inflación. La inflación minorista promedió el 29% entre 1970 y 2000, y un aumento promedio mensual del 2,14%. 

Asimismo, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el que celosamente se determinaba por el Gobierno llegó a representar el 236% en mayo de 1983, 410% en julio de 1988 y hasta un 407% en noviembre de 1993, fecha a partir de la cual se debieron abolir los controles cambiarios por el colapso de las reservas del Banco Central y por la imposibilidad para seguir sosteniendo las paridades legales.

Los regímenes de alta inflación a lo largo del siglo XX se vieron íntimamente asociados con todo tipo de controles de precios, salarios, cambios y cuenta capital, pero todo esto fue superado por el proceso de dolarización ya que estas herramientas quedaron obsoletas habiéndose ya erradicado el problema inflacionario de manera definitiva. 

Inflación y brecha cambiaria en Ecuador.

La estabilidad permitió una rápida reactivación del crédito a largo plazo, un fenómeno que se había perdido por la falta de previsibilidad (no era posible pautar una tasa de interés creíble a 10 o 20 años de plazo). El crédito doméstico para el sector privado de Ecuador aumentó del 18% del PBI en 2002 47,2% para el año 2020, y actualmente continúa aumentando.

La falta de crédito a largo plazo impacta de lleno en el acceso a la vivienda propia, la financiación de proyectos empresariales que requieren inversión pesada (especialmente servicios públicos) y la apertura de todo tipo de proyectos de inversión. Argentina sigue sufriendo este flagelo por la elevada volatilidad de los pericos, y su crédito doméstico al sector privado no supera el 16% del PBI.

Con el nuevo régimen monetario, los ecuatorianos dejaron de preocuparse constantemente por la cotización de otras divisas, o por la erosión de sus salarios reales y la desesperación que esto implica, o por las crisis de la “administración de reservas” en el marco los controles cambiarios. Todos estos elementos, aún presentes en Argentina, fueron erradicados de Ecuador gracias al proceso de dolarización.

El Gobierno de Boric anunció la expropiación de la industria del litio en Chile y la creación de una nueva empresa estatal

De Derecha Diario

El socialismo chileno sigue los mismos pasos que México, y el metal será explotado por una nueva empresa estatal a partir del segundo semestre de 2023. Se permitirán asociaciones público-privadas pero bajo un estricto control estatal. Las medidas limitan gravemente el potencial de la inversión privada en un recurso fundamental para el futuro.

Siguiendo el libreto socialista más radical, el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la estatización de la industria del litio en Chile, del mismo modo en que lo anunciaba México bajo el tutelaje de Andrés Manuel López Obrador hace tan solo dos meses.

La medida establece fundamentalmente la expropiación del mineral, que ahora le pertenece al Estado chileno celosamente. Sin embargo, se establecieron una serie de etapas de transición y se permite una cierta participación privada en la inversión, a fin de evitar un shock aún más traumático sobre una industria clave para las exportaciones del futuro cercano.

El Estado chileno no dispone de los medios logísticos, tecnológicos y financieros que son necesarios para una explotación eficiente del mineral. Las propias autoridades lo reconocieron al advertir que solo el sector privado es capaz de hacerlo de manera moderna. Sin embargo, la nacionalización se llevará a cabo de todos modos por cuestiones ideológicas y pero por estos efectos se permite la inversión privada acotada.

El Gobierno anunció que se respetarán los contratos con empresas privadas que actualmente permanecen en vigencia, por ejemplo las explotaciones de la empresa estadounidense Albemarle Corporation y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) de capital privado doméstico.

Asimismo, se permitirá la inversión privada de empresas nacionales o extranjeras pero solamente en asociación directa con el Estado chileno. De esta manera, el proyecto pretende garantizar que el Estado tome participación en todas y cada una de las etapas de explotación del litio. Nuevamente, la estrategia es muy similar a la que llevó adelante el presidente de México con la reforma energética.

Esto genera un costo importante para la inversión potencial del sector privado, ya que asociarse con el Estado implica una limitación que antes no existía. Esto se añade al deterioro generalizado en las condiciones de inversión en el país, fundamentalmente por los impuestos a las exportación y las reformas tributarias propuestas por Boric (que apuntan a aumentar la carga impositiva para sociedades).

“El Estado es dueño del litio. Cualquier privado, ya sea extranjero o local, que quiera explotar litio en Chile deberá asociarse con el Estado”, afirmó el presidente Boric.

Chile pierde un caudal de inversión potencial importante en el sector privado, y en un recurso natural especialmente estratégico para la exportación competitiva. El litio chileno se extrae desde el salar de Atacama y representa hasta el 30% del abastecimiento global de este mineral, uno de los proveedores más importantes del mundo.

El proyecto del Presidente propone la creación formal de una Empresa Nacional de Litio, aunque para ello se requerirá una nueva luz verde por parte del Parlamento chileno. Mientras tanto, la Corporación Nacional del Cobre será facultada para administrar los contratos con las empresas privadas implicadas en el litio y llevar a cabo las licitaciones para la asociación público-privada de nuevos proyectos.