La asignación de fondos estatales a una fundación dirigida por integrantes de un partido de su coalición de gobierno revivió un clásico latinoamericano: la izquierda y la corrupción.
Lo que empezó como un escándalo local en la Región de Antofagasta se ha convertido en esta última semana en la peor crisis institucional que haya tenido Gabriel Boric en Chile hasta la fecha, y la primera gran denuncia de corrupción que enfrenta su gobierno de izquierda, un clásico en Latinoamérica.
En resumen, unas semanas atrás, el medioTimeline de Antofagasta reveló que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda había entregado mediante trato directo más de US$ 500.000 dólares a la fundación Democracia Viva, de manera discrecional sin llamar a una licitación ni justificar el gasto.
Cuando se hizo el pago, el Seremi de Vivienda estaba a cargo de Carlos Contreras, miembro del partido izquierdista Revolución Democrática (RD), una de las principales fuerzas que forman parte de la coalición de gobierno que lidera Boric.
Por su parte, la fundacion Democracia Viva estaba liderada por Daniel Andrade, quien no solo era un dirigente del parido RD, sino que además era funcionario activo del Ministerio de Defensa y pareja de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, integrante del mismo partido y parte del bloque legislativo de Boric.
Rápidamente, Contretas salió a decir que esos fondos se repartieron en el contexto del desarrollo de políticas entre el Gobierno y la fundación para la erradicación de campamentos, pero dicha decisión debería haber estado abierta a licitación para que no huela a nepotismo.
Contreras y Andrade fueron expulsados del partido y renunciaron a sus respectivos cargos. El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, se apuró en decir que todo este asunto se trataba de un mero “error político” y que “investigarían a fondo lo ocurrido”.
Pero el asunto no quedó ahí. A pesar de los intentos de Boric por sepultar la situación, Contraloría General, una entidad de carácter autónomo encargada de auditar los gastos de la administración pública, anunció el jueves pasado que congeló todas las entregas de recursos del Estado a fundaciones, mientras le pidió a la Fiscalía General que abriera una investigación sobre la situación.
Esta semana se allanaron las oficinas de la Fundación Democracia Viva en Santiago, además de la casa que compartía la diputada Pérez con su pareja Daniel Andrade.
Este sábado, la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, admitió que estaba en conocimiento del caso de la fundación Democracia Viva desde antes de que estallara la noticia, y a pesar de que lo dijo para “demostrar” que ya estaban investigándolo, la realidad es que ante la Justicia, si sabían y no lo denunciaron, lo estaban encubriendo. Esa misma noche, Boric le pidió la renuncia a Tatiana Rojas, quien también es miembro de RD.
El presidente Gabriel Boric, quien llegó al poder con un discurso de transparencia y combate a la corrupción, se encuentra acorralado por la situación. Ha reducido sus apariciones públicas al mínimo, y en una corta entrevista que dio recientemente, afirmó estar “indignado” por el desarrollo del caso.
“Yo estoy indignado con esta situación y por lo tanto no podemos tener ni mano blanda, ni hacernos los lesos ni empezar con el empate. Acá, como decía el exfiscal Gajardo, cuando un político de derecha roba y después roba uno de izquierda, o cuando un político de derecha hace algo turbio y después hace algo turbio uno de izquierda, no es que se empaten, es que todos perdemos dos cero… Ningún tipo de complacencia con este tipo de actos, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Todos tienen que estar disponibles para ser absolutamente investigados”, dijo el jefe de estado.
Chile figura entre los países menos corruptos de América Latina, pero la corrupción y la izquierda en Latinoamérica son un combo infalible. Desde el caso Odebrecht en Brasil y Perú hasta la Ruta del Dinero K en Argentina, no falta que llegue un izquierdista al poder para encontrar la manera de robarle al estado y llenar los bolsillos propios y de sus amigos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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