Caracas. – El líder guerrillero de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, habrían fallecido en Venezuela esta semana, según varios reportes de medios colombianos, aunque la noticia no se ha confirmado oficialmente.
Uno de los medios que comenzó a difundir la información este pasado jueves, fue la revista Semana.Márquez habría fallecido a consecuencia de las graves heridas que recibió, durante una emboscada tendida por un comando especial en el estado Bolívar el año pasado.
Se conoció en ese momento, que por órdenes de Nicolás Maduro el jefe guerrillero fue trasladado al hospital militar de Caracas, bajo un fuerte hermetismo y estrictas medidas de seguridad.
Entre las heridas que sufrió, se dijo que perdió varios dedos de una mano, pero también sufrió una fuerte contusión craneal que lo mantuvo casi en coma.
Fuentes de la inteligencia colombiana le confirmaron a los medios de ese país, que manejan la misma versión sobre la repentina muerte de Márquez.
El narco régimen de Maduro siempre sostuvo que el subversivo se encontraba bien, y recuperándose. La inteligencia de las fuerzas policiales colombianas tenían entendido que ese encontraba en una casa, bien protegido tal como lo había ordenado Maduro.
Hasta los momentos, ninguna fuente del régimen venezolano ha dicho algo al respecto.
«La coherente,» «La radical,» «La distinta,» son sólo algunos de los títulos que se han utilizado para referirse a la exdiputada y coordinaroa nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado.
Esta noción en donde la señora Machado representa al único sector decente de la política venezolana se debe en gran medida a sus previos discursos, en donde impulsó una narrativa de la necesidad del uso de la fuerza para poder salir de la narcotiranía que hoy dirige Nicolás Maduro.
Asimismo, la exparlamentaria, en el pasado, había acusado a otros miembros de la supuesta oposición de formar parte de un grupo político que le era servil al régimen venezolano, este discurso, dio un giro de 180 grados recientemente.
Machado no sólo está promoviendo un discurso electoralista, sino que lo hace de manos de quienes, a su juicio, anteriormente no formaban parte de la oposición auténtica.
Sin embargo, tras haberse hecho oficial su inhabilitación, la dirigente político y su plataforma, recordaron que la «lucha» que están llevando a cabo no se trataba de un tema electoral, aunque días después, retomó el discurso asegurándole a Nicolás Maduro que en las elecciones del 2024 ella le ganaría.
Por este motivo, y por estas constantes contradicciones, Contra Poder News ha catalogado a María Corina Machado como la Borrego de esta semana.
Francia acaba de aprobar la medida de vigilancia más peligrosa de su historia, facultando a la Policía a hackear los teléfonos y computadoras de los ciudadanos y prender micrófonos, cámaras y GPS.
La ley, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, fue resistida tanto por la derecha de Marine LePen como por la izquierda del comunista Jean-Luc Melénchon, pero tuvo un amplio apoyo de las fuerzas que apoyan al gobierno de Macron, entre ellos su propio partido de centro, Renaissance, el centroderechista Los Republicanos y el centroizquierdista Partido Socialista.
La medida, que abarca además de teléfonos, computadoras, laptops, automóviles y todos objetos que estén conectados, permitirá la geolocalización de sospechosos sin una orden judicial, como era la norma hasta ahora.
Los dispositivos también podrían activarse de forma remota sin avisar a los ciudadanos para grabar sonido e imágenes de personas sospechosas de delitos de terrorismo, así como delincuencia y el crimen organizado. El problema es que cualquier persona puede ser acusada de este tipo de delitos, e inmediatamente la policía francesa pasará a tener el poder de violar completamente sus derechos civiles.
Cualquier uso de la disposición tendrá una duración total de vigilancia que no puede exceder los seis meses sin una orden judicial. Además, se incluyó una enmienda de último momento para proteger “profesiones delicadas”, como médicos, periodistas, abogados, jueces y parlamentarios, que no serán objetivos legítimos sin orden judicial.
Las disposiciones plantean “serias preocupaciones sobre las infracciones de las libertades fundamentales“, escribió el grupo de derechos digitales La Quadrature du Net en un reciente comunicado, donde citaron el “derecho a la seguridad, el derecho a la vida privada y a la correspondencia privada“.
“Estamos muy lejos del totalitarismo de 1984“, la novela de George Orwell sobre una sociedad socialista bajo vigilancia total, dijo el ministro de Justicia de Macron, Éric Dupond-Moretti, quien aseguró que “la vida de las personas será salvada por esta ley“.
La medida es un adendo a una ley más grande que busca reformar completamente el sistema judicial en Francia, redactada por el propio Dupond-Moretti, que ya fue aprobada por los miembros de la Assemblée Nationale el pasado 3 de mayo, catalogada como Ley N°569.
La asignación de fondos estatales a una fundación dirigida por integrantes de un partido de su coalición de gobierno revivió un clásico latinoamericano: la izquierda y la corrupción.
Lo que empezó como un escándalo local en la Región de Antofagasta se ha convertido en esta última semana en la peor crisis institucional que haya tenido Gabriel Boric en Chile hasta la fecha, y la primera gran denuncia de corrupción que enfrenta su gobierno de izquierda, un clásico en Latinoamérica.
En resumen, unas semanas atrás, el medioTimelinede Antofagasta reveló que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda había entregado mediante trato directo más de US$ 500.000 dólares a la fundación Democracia Viva, de manera discrecional sin llamar a una licitación ni justificar el gasto.
Cuando se hizo el pago, el Seremi de Vivienda estaba a cargo de Carlos Contreras, miembro del partido izquierdista Revolución Democrática (RD), una de las principales fuerzas que forman parte de la coalición de gobierno que lidera Boric.
Por su parte, la fundacion Democracia Viva estaba liderada por Daniel Andrade, quien no solo era un dirigente del parido RD, sino que además era funcionario activo del Ministerio de Defensa y pareja de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez, integrante del mismo partido y parte del bloque legislativo de Boric.
Rápidamente, Contretas salió a decir que esos fondos se repartieron en el contexto del desarrollo de políticas entre el Gobierno y la fundación para la erradicación de campamentos, pero dicha decisión debería haber estado abierta a licitación para que no huela a nepotismo.
Contreras y Andrade fueron expulsados del partido y renunciaron a sus respectivos cargos. El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, se apuró en decir que todo este asunto se trataba de un mero “error político” y que “investigarían a fondo lo ocurrido”.
Pero el asunto no quedó ahí. A pesar de los intentos de Boric por sepultar la situación, Contraloría General, una entidad de carácter autónomo encargada de auditar los gastos de la administración pública, anunció el jueves pasado que congeló todas las entregas de recursos del Estado a fundaciones, mientras le pidió a la Fiscalía General que abriera una investigación sobre la situación.
Esta semana se allanaron las oficinas de la Fundación Democracia Viva en Santiago, además de la casa que compartía la diputada Pérez con su pareja Daniel Andrade.
Este sábado, la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, admitió que estaba en conocimiento del caso de la fundación Democracia Viva desde antes de que estallara la noticia, y a pesar de que lo dijo para “demostrar” que ya estaban investigándolo, la realidad es que ante la Justicia, si sabían y no lo denunciaron, lo estaban encubriendo. Esa misma noche, Boric le pidió la renuncia a Tatiana Rojas, quien también es miembro de RD.
Boric: Acorralado
El presidente Gabriel Boric, quien llegó al poder con un discurso de transparencia y combate a la corrupción, se encuentra acorralado por la situación. Ha reducido sus apariciones públicas al mínimo, y en una corta entrevista que dio recientemente, afirmó estar “indignado” por el desarrollo del caso.
“Yo estoy indignado con esta situación y por lo tanto no podemos tener ni mano blanda, ni hacernos los lesos ni empezar con el empate. Acá, como decía el exfiscal Gajardo, cuando un político de derecha roba y después roba uno de izquierda, o cuando un político de derecha hace algo turbio y después hace algo turbio uno de izquierda, no es que se empaten, es que todos perdemos dos cero… Ningún tipo de complacencia con este tipo de actos, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Todos tienen que estar disponibles para ser absolutamente investigados”, dijo el jefe de estado.
Chile figura entre los países menos corruptos de América Latina, pero la corrupción y la izquierda en Latinoamérica son un combo infalible. Desde el caso Odebrecht en Brasil y Perú hasta la Ruta del Dinero K en Argentina, no falta que llegue un izquierdista al poder para encontrar la manera de robarle al estado y llenar los bolsillos propios y de sus amigos.
El Gobierno socialista resintió boicoteó los permisos de explotación petrolera por iniciativa privada, mientras que la producción de la estatal PEMEX sufrió un fuerte derrumbe anual del 4% al cierre de mayo.
El presidente socialista de México, Andrés López Obrador, prometió que lograría el “autoabastecimiento” petrolero del país y anunció múltiples reformas para revertir los pasos del expresidente de Peña Nieto.
El Gobierno apostó por una mayor participación del Estado y decidió terminar con la política de permisos y contratos privados que estipulaba la reforma energética del año 2013, una maniobra que redujo considerablemente la iniciativa privada en el sector.
De hecho, de los 109 contratos privados de exploración y extracción de petróleo el 95% de los mismos se llevaron a cabo durante la gestión de Peña Nieto, y desde la llegada del socialismo el peso del Estado se vuelve cada vez más preponderante.
La reforma petrolera del PRI permitió la celebración de contratos entre PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con empresas privadas por primera vez desde 1938, lo cual en la práctica supone una suerte de “privatización periférica” mediante la cual el sector privado adquiere un mayor porcentaje dentro de la explotación total de hidrocarburos en el país.
El presidente López Obrador aún no logró imponer su reforma energética en el Congreso, que pretende devolver el monopolio al Estado, pero consiguió anular casi todos los nuevos contratos a partir de enero de 2019 (solamente se celebraron 5 contratos con empresas privadas en lo que va de su administración).
Estas políticas provocaron una abrupta caída de la inversión privada en el sector petrolero, que alcanzó el 17,8% en el año 2021 y hasta un 36% para 2022. Solamente se invierte un monto anual en alrededor de los US$ 1.796 millones, una cifra sustancialmente más baja que el promedio del sexenio del Gobierno anterior.
La producción petrolera de México llegó a representar los 1,91 millones de barriles diarios en marzo de 2023, una magnitud que aún permanece en mínimos históricos y que de ninguna forma garantiza la supuesta “autosuficiencia” que AMLO había prometido en su discurso de campaña.
Pero no solo el sector privado se ve afectado por las políticas del Gobierno, sino que la propia petrolera estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) también enfrenta serias dificultades. La firma no logró cumplir con su meta de 1,2 millones de barriles diarios, la producción de mayo alcanzó solo los 758.700 barriles de petróleo al día y sufrió un derrumbe anual del 4% con respecto al 2022.
La mayor parte de la caída estuvo vinculada con una merma de hasta el 60% en la producción de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, que solo pudo procesar hasta 153.800 barriles al día. Con la participación del sector privado cayendo a pasos agigantados, el Estado no cuenta con los medios necesarios para dinamizar la producción y el país sigue manteniendo una fuerte dependencia de las importaciones.
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