Caracas. – Un pequeño sector de los llamados «alacranes» de la supuesta oposición que hace vida en la ilegítima AN chavista, se opuso este pasado martes a reformar la llamada Ley contra el odio, pidiendo en su lugar, que fuera derogada por completo, tras considerar que mantiene su «esencia atemorizante y coercitiva» contra la población.
La reforma de la ley se aprobó este martes en primera lectura, con el voto a favor de la mayoría chavista en el parlamento ilegal, y en contra de algunos diputados de la -también falsa- fracción opositora integrada por 29 legisladores.
«No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas, porque de esa forma el proyecto estaría conservando su esencia atemorizante y coercitiva», indicó Amelia Belisario, presunta diputada por el partido opositor Vamos Vamos Venezuela.
Belisario añadió: «Negamos nuestro voto porque Venezuela no necesita disfrazar la intimidación para hacerla más sofisticada o vestirla de buenas intenciones. Venezuela necesita eliminar toda norma que viole los derechos y las garantías constitucionales», e insistió que la «ley debe ser derogada».
Por su parte, Maite Ochoa, de la misma fracción política de Belisario, sostuvo que «pretender reformar este texto es mantener en pie una espada de Damocles sobre el ciudadano común, sobre el periodista que informa, sobre el líder vecinal que exige agua o electricidad».
Igualmente, los llamados «alacranes» Tomás Guanipa de Unión y Cambio, y Antonio Ecarri de la Alianza del Lápiz, mantuvieron una posición similar.
Tanto Guanipa como Ecarri destacaron que negaron su voto ante la Plenaria. Tomás Guanipa condenó que este instrumento ha sido usado por el oficialismo durante los últimos años para «sembrar miedo, perseguir, torturar, encarcelar, expropiar y exiliar a miles de venezolanos».
Pidieron derogar la citada ley, para demostrar si Venezuela está verdaderamente en un momento político distinto.
La posición de ambos parlamentarios asombró en redes sociales, ya que están vistos como figuras que se prestaron claramente, a validar un proceso electoral inválido, como lo fue la elección de la actual AN. Se postularon a los cargos a sabiendas de que se trataba de una elección ilegal, que no contó con participación popular, y solo lo hicieron para tratar de legitimar a la cúpula narcochavista dirigida por Nicolás Maduro en ese momento.
Todas las figuras políticas que decidieron avalar los procesos írritos que convocó el narcorégimen, fueron apodados «alacranes». En esta ocasión desconcertó que no siguieran el acostumbrado libreto, y decidieran oponerse a la reforma de la ley, un instrumento represivo que el interinato intenta aún mantener operativo.
