La Justicia de Chile ha ordenado este lunes al Estado el pago de una indemnización a un joven que perdió visión en su ojo izquierdo tras un impacto de perdigón lanzado por un efectivo de la Policía durante las protestas antigubernamentales de 2019.
El séptimo juzgado civil de Santiago ha condenado al fisco a pagar una indemnización de 33.902.966 pesos chilenos —alrededor de USD$ 37800— a Diego Eduardo Sepúlveda Miranda, quien perdió más del 50% de la visión de su ojo izquierdo por el impacto un perdigón.
El fallo hace referencia a un informe de los Carabineros chilenos que determinó que disparar estas armas a «una distancia menor a 30 metros o dirigido hacia la parte superior del cuerpo, como el cuello o el rostro, posee un alto potencial de causar estallido ocular, fractura craneal o lesiones letales».
«El referido informe fijó como estándar mínimo de cuidado institucional disparar únicamente a distancias superiores a los 30 metros y apuntando siempre al tercio medio inferior del cuerpo con el fin de evitar daños graves y cumplir exclusivamente una función disuasiva», señala el fallo recogido por el poder judicial chileno.
La defensa del hombre —que tenía 27 años en el momento de los hechos e informático— argumentó que su caso «no representa un evento aislado, sino que se inscribe dentro de un trágico patrón de conducta que afectó a más de 400 personas en condiciones similares».
En la sentencia consta que el hombre se dirigió hacia la Plaza Baquedano, donde había una manifestación masiva y se limitó a hacer fotografías. «Un funcionario de Carabineros de Chile que no portaba ninguna placa o chapa de identificación obligatoria, lo apuntó directamente al rostro con su escopeta y disparó a una distancia extremadamente reducida, estimada entre 5 y 10 metros, sin que mediara provocación alguna por parte de la víctima», agrega.
Tras ello, otra persona intentó socorrerle, si bien «el mismo funcionario policial le disparó también al rostro, impidiendo la ayuda inicial y generando un nuevo lesionado en el lugar». La sentencia recoge que, además de los gastos por la cirugía ocular, el demandante tuvo importantes secuelas a nivel laboral y también tuvo que acudir a terapia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en un informe que las fuerzas de seguridad actuaron «de manera desproporcionada» y hubo un «uso excesivo de la fuerza» por parte del Estado durante las protestas en octubre de 2019 durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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