El organismo que preside Matías Tombolini sigue persiguiendo a los comerciantes en un vano intento por contener al proceso inflacionario. Carrefour, Coto, Cencosud y Chango Más sufrieron sanciones por parte de la Secretaría de Comercio.
El Gobierno kirchnerista apuesta de lleno por medidas orwellianas para “controlar y monitorear” los precios, aunque sin cosechar ningún resultado satisfactorio hasta la fecha. La Secretaria de Comercio comandada por el economista Matías Tombolini desplegó un arsenal de sanciones y multas contra cadenas de supermercados, alegando que no cumplieron con las pautas previstas por el programa Precios Justos.
Los precios que fija el programa cada vez se retrasan más con respecto a la inflación (tanto en el mercado mayorista como en el minorista), y cómo se vuelven irrisorios las empresas no tienen forma de sostener el acuerdo en los plazos convenidos. Existía una promesa implícita por bajar gradualmente la inflación mensual hacía un rango objetivo del 3% mensual (expuesto públicamente), pero la meta no estuvo ni cerca de cumplirse.
De esta manera, 28 sucursales de la cadena Carrefour fueron monitoreadas por inspectores y 14 de ellas recibieron multas. También fueron sancionados 11 sucursales de Coto sobre un total de 37 relevadas, 20 supermercados de Cencosud sobre 31 monitoreados, y fueron sancionados 6 de las 7 sucursales relevadas de la cadena Chango Más.
Los incumplimientos se observan de manera generalizada en las principales marcas, precisamente por el deterioro paulatino de las pautas de Precios Justos y lo insostenible que resulta este proceso. Precios Justos sigue restringiendo a un total de 2.101 productos hasta el próximo 31 de julio.
En un principio el programa se perfilaba como exclusivamente voluntario, un acuerdo entre las empresas privadas y el Gobierno en el cual se ofrecían ciertas pautas publicitarias y de negociación de precios con proveedores para incentivar la adhesión a un sendero decreciente de aumentos mensuales. Pero con el tiempo el Gobierno pasó del voluntarismo a la extorsión, principalmente administrando a discreción qué empresas pueden acceder al mercado cambiario oficial.
Sin ofrecer metas creíbles y con cada vez más elementos extorsivos, lo único que consiguieron las medidas fue avanzar con situaciones de desabastecimiento sobre productos con “precios oficiales”.
La situación es especialmente crítica en paquetes de azúcar y en aceites, que están comenzando a escasear en todo el país. De hecho, en el segmento de la azúcar el desabastecimiento de supermercados es una realidad casi total, y la gente debe recurrir cada vez más a comercios pequeños y de cercanía (con precios mucho más caros) para poder abastecerse.
Se han llegado a observar precios que oscilan entre $650 y hasta $800 por un solo paquete convencional de azúcar. Las góndolas vacías se vuelven un fenómeno cada vez más común frente a la constante negación de la realidad que presenta el oficialismo.
Las expectativas inflacionarias en vista al mes de agosto son preocupantes, ya que en julio vencerán oficialmente los primeros acuerdos de Precios Justos, y en vista la pésimo funcionamiento del programa desde noviembre del año pasado resulta muy difícil esperar que se adhieran a una renovación (al menos de forma voluntaria). Se acumulan retrasos de precios de entre el 20% y el 40% para muchos productos dentro del programa.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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