Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado, un contagio de tuberculosis dentro de penales y centros de detención preventiva, por lo que exigió implementar con urgencia un plan sanitario para contener la propagación de la enfermedad.
De acuerdo con un comunicado difundido en su página web, la organización ha recibido testimonios de familiares que refieren de personas privadas de libertad con tuberculosis con dificultades para acceder al tratamiento médico.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta se propaga por el aire cuando una persona con la enfermedad activa en los pulmones o la garganta tose, estornuda, habla o canta. La enfermedad se puede curar casi siempre mediante un tratamiento con antibióticos específico que suele durar de varios meses.
No obstante, denunció que la falta de atención médica oportuna y la inacción institucional están provocando muertes evitables en la población reclusa.
“La inacción del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la falta de atención médica oportuna convierte los centros de reclusión en espacios donde una enfermedad prevenible se traduce en muertes”, alertó en el comunicado.
Frente a esta situación, la ONG pidió establecer un cerco epidemiológico ante cada caso sospechoso, que permita identificar, evaluar y, cuando corresponda, aislar a los contactos cercanos, incluidos otros reclusos, custodios y personal de seguridad.
También reclamó garantizar el aislamiento respiratorio y tratamiento de los internos sintomáticos, implementar evaluaciones médicas al momento del ingreso y realizar jornadas periódicas de detección dentro de los centros de reclusión.
Igualmente, el OVP recordó que, tras la privación de libertad de un hombre o una mujer, cualquier deterioro grave de salud o fallecimiento bajo custodia es responsabilidad del Estado, y en este caso, es el narcoestado chavista el que debería hacerse cargo de esa importante misión.
“Las muertes por tuberculosis configuran delitos de omisión de socorro, cuyos responsables abarcan desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario hasta los directores de recintos, comandantes de comisarías y personal médico u operativo que niegue insumos o impida traslados de emergencia”, aseguró el observatorio.
Ante el agravamiento de esta realidad, el OVP anunció que elevará los casos ante el sistema de Naciones Unidas, incluyendo el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud, así como ante el Sistema Interamericano.
