Caracas. – La ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), documentó 160 víctimas de desaparición forzada en Venezuela durante el año 2025, lo que representa un incremento del 196% en comparación con las 54 víctimas registradas en 2024, según se desprende de su informe anual presentado el 14 de mayo de 2026.
Según los datos expuestos por Provea, en la presentación del informe titulado “El eclipse de la Constitución”, más de 130 dirigentes sindicales fueron detenidos arbitrariamente y afirmó que 336 personas murieron en procedimientos de cuerpos policiales y militares sin que existieran investigaciones por parte del Ministerio Público.
La organización advirtió que, si bien las cifras brutas de detenciones descendieron respecto al pico represivo de 2024, la letalidad y la selectividad de los cuerpos de seguridad se han agudizado bajo un modelo de “pacificación negativa”.
Durante la presentación, los voceros de Provea destacaron que la estructura institucional que permite estos abusos permanece intacta.
De los 336 ciudadanos muertos en procedimientos policiales, el 54 % tenían entre 18 y 30 años de edad, y el Ministerio Público (Fiscalía), entonces encabezado por Tarek William Saab, «no investigó ninguna de estas muertes», aseguró Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea.
Con esta cifra del año pasado, la ONG computa 10.853 personas «asesinadas por agentes del Estado venezolano desde el inicio del Gobierno de Nicolás Maduro», en 2013.
Provea registró 160 víctimas en 95 casos durante 2025, lo que representa un incremento del 196% respecto al año anterior, cuando se registraron 54 víctimas, y un 841% sobre el promedio de los últimos 25 años.
González calificó este fenómeno como un patrón institucionalizado donde las personas pasan días o semanas incomunicadas tras su captura. “Las desapariciones forzadas han pasado a ser parte de un patrón de las detenciones políticas; 91% de los casos registrados de desapariciones forzadas tienen esta motivación”, detalla el informe.
El documento también detalló 659 denuncias de violaciones a la integridad personal, incluyendo torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.González señaló que hubo, al menos, 42 víctimas de tortura.
