Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 14 personas privadas ilegítimamente de libertad han muerto bajo custodia del «Estado» chavista, entre abril y los primeros días de mayo de este año, es decir, durante la gestión interina del narcorégimen encabezada por Delcy Rodríguez.
Las cifras manejadas por OVP, y difundidas en una publicación de su cuenta en X, precisan que en 40 días se registraron 14 muertes en centros como Rodeo III y IV, Tocuyito, Uribana, El Marite y Yare III.
La lista de víctimas incluye a Leonel Rodríguez Ramos y José Espinales en el estado Lara, así como decesos en los centros de reclusión Rodeo III y IV, Tocuyito, Uribana, El Marite y la cárcel 26 de Julio.
Igualmente, la ONG indica que la víctima más reciente es Leonel Enrique Rodríguez Ramos, recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, quien falleció el pasado 10 de mayo tras presentar un paro respiratorio.
Destaca también la opacidad en torno a cinco muertes ocurridas en Yare III, calificadas oficialmente como un motín, mientras familiares denuncian heridas por arma de fuego, y el caso del exconcejal José Manuel García Sabino en Anzoátegui, cuya muerte en calabozos policiales pasó de ser un “presunto suicidio” a una investigación por homicidio tras determinarse que la causa fue asfixia mecánica.
“La muerte de García Sabino vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de lo que ocurre dentro de los centros de detención y calabozos policiales en Venezuela, donde el hacinamiento, la violencia, la ausencia de control institucional y la falta de garantías para la vida continúan dejando víctimas bajo custodia estatal”, expresó el observatorio.
La lista de víctimas también incluye a Francisco Segundo Ojeda, en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio; Antonio José Manzano, en la antigua cárcel de El Marite; Yelamo Zárraga José Ramón, en Tocuyito; Rosqui Norberto Escalona, en Uribana; Deivi Enrique García, en Rodeo IV; y Ovidio José Madriz Mendoza, en Rodeo III.
El OVP denunció en su publicación que el narcorégimen interino “viola flagrantemente los derechos fundamentales de miles de privados de libertad” mientras que los familiares de los detenidos siguen asumiendo gastos médicos, medicamentos, alimentos e insumos básicos que el sistema penitenciario debería garantizar.
