Caracas. – El uso del «terror» como «política pública» para anular a la «disidencia» en Venezuela, por parte del narcorégimen chavista, fue denunciado este pasado jueves por la directora del Instituto Casla, Tamara Suju, ante la OEA.
La abogada y activista por los Derechos Humanos explicó durante la sesión celebrada en Washington las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura son “sistemáticas” en Venezuela, debido a las prácticas recurrentes del régimen dirigido por Nicolás Maduro.
Suju alertó la existencia de «532 detenidos cuyas identidades se desconocen», ya que la tiranía chavista suele ejecutar secuestros sin rendir cuentas ni a familiares, y menos a organismos de cualquier naturaleza.
Explicó que «los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han sido utilizados de forma transversal, como herramienta de control político y social, ejecutándolos dentro y fuera del país. Todos los poderes tienen su responsabilidad en la planificación, inducción, omisión y ejecución de dichos crímenes».
En este sentido, agregó: «los crímenes de lesa humanidad no son eventos aislados o errores, sino componentes integrales vilmente planificados por un aparato de dominio que emplea la represión sistemática y la violencia para consolidar su poder y facilitar sus actividades ilícitas».
Por ello, denunció la existencia de un «‘Estado terrorista’, donde el terror es utilizado como política pública para anular la disidencia, silenciar opositores y mantener el poder a través del sometimiento».
“Hemos obtenido información confidencial sobre la existencia de más de 532 detenidos cuyas identidades se desconocen” en la sede de la DGCIM, confirmó la directora del Instituto Casla.
La exposición de Suju también reflejó la realidad de los rehenes políticos del chavismo, escenario en el cual muchos han fallecido bajo custodia del narcorégimen, y otros, en cambio, han optado por el suicidio, debido a que no soportaron las torturas, humillaciones y condiciones inhumanas a las que estaban sometidos.