Caracas. – La ONG Transparencia Venezuela presentó este martes los resultados del informe «Mapa de los Decomisos», que permitió identificar y rastrear la ubicación de 719 bienes vinculados a redes de corrupción vinculadas a la Narcotiranía chavista, los cuales están valorados en casi USD$ 4.000 millones.
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que la organización ha logrado identificar 719 bienes en el exterior producto de las múltiples redes de corrupción venezolana, la mayoría de ellos ubicados en EE. UU. y sobre los cuales faltan procesos judiciales para transformarlos en activos líquidos que puedan ser usados como pagos de deuda, o reparaciones a víctimas de esa corrupción.
Estos 719 bienes representan alrededor de USD$ 4000 millones, explicó De Freitas durante el evento «Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas». Sin embargo, de esta cantidad solo están definitivamente decomisados 287, valorados en poco más de USD$ 1.300 millones, a 113 personas y empresas.
Durante el evento, especialistas analizaron los obstáculos que enfrenta el país para recuperar recursos que actualmente permanecen bajo control de autoridades extranjeras. Los activos identificados están distribuidos en 15 categorías distintas, entre ellas dinero en efectivo, inmuebles, vehículos, yates, aeronaves, acciones empresariales, joyas, obras de arte, relojes de lujo, caballos y reservas de oro.
Por su parte, María Alejandra Márquez, fundadora de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV), señaló que EE. UU. es el país que más investigaciones ha impulsado sobre presuntas tramas de corrupción con origen en Venezuela.
La especialista explicó que la recuperación efectiva de esos activos enfrenta importantes obstáculos institucionales. “Necesitamos una serie de condiciones que Venezuela no tiene: separación de poderes, garantías anticorrupción y transparencia”, afirmó.
Márquez recordó que hace seis años apenas se conocían alrededor de 20 casos relacionados con activos presuntamente obtenidos mediante corrupción. «Ya tenemos 60. Creemos que en este 2026 tendremos por lo menos 15 adicionales, por lo que el monto de confiscación va a aumentar”, sostuvo.
También advirtió que “estamos tratando de presentar un mecanismo que permita que el proceso de recuperación sea automático y flexible, porque de lo contrario Venezuela, en democracia, tendría que pelear caso por caso”.
Otro experto, Guillermo Jorge, especializado en cumplimiento anticorrupción y prevención de lavado de activos, explicó que los procesos de recuperación de bienes son particularmente complejos y suelen extenderse durante años.
Según detalló, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción contempla la posibilidad de que los activos sean repatriados a los países afectados, pero exige la participación activa del Estado víctima durante todo el proceso.
Jorge explicó que existen dos mecanismos principales para intentar recuperar esos recursos. El primero consiste en que el país afectado investigue los hechos de corrupción y solicite cooperación internacional a las jurisdicciones donde presume que se encuentran los activos.
La segunda vía implica que el país perjudicado litigue directamente en las jurisdicciones donde están ubicados los bienes. Como ejemplo, señaló que si existe una cuenta bancaria en Suiza vinculada a fondos obtenidos mediante corrupción, Venezuela tendría que presentarse ante las autoridades de ese país como potencial víctima del delito.
De acuerdo con la investigación de Transparencia Venezuela, la persona con más bienes decomisados es el extesorero de la nación Alejandro Andrade Cedeño, con 87 propiedades en EE. UU.
En la categoría de bienes sujetos a decomiso la persona que más acumula propiedades u objetos de valor es María Lila Bravo con 116 bienes. Es esposa del empresario zuliano Roberto Rincón Fernández, quien en 2016 se declaró culpable por su papel en una trama para asegurar contratos de la empresa Petróleos de Venezuela. En 2023 un juez federal en Texas lo sentenció a 18 meses de prisión.
