Un juez federal ha resuelto este viernes que el presidente Donald Trump no podrá deportar a personas no estadounidenses a terceros países —distintos de su lugar de origen— sin respetar el debido proceso, lo que incluye permitirles plantear preocupaciones sobre su seguridad.
EE. UU. puede a día de hoy deportar a personas extranjeras a un país distinto del suyo, incluso si un juez de inmigración ordena su traslado a un lugar donde corran el riesgo de ser torturadas o asesinadas, sin darles la posibilidad de advertir a las autoridades responsables de la deportación sobre el grave peligro o amenaza de muerte que enfrentan, ha subrayado el magistrado Brian Murphy en una orden judicial recogida por ABC News.
Murphy ha alertado que el gabinete de Trump «ha aplicado y seguirá aplicando la supuesta política de expulsar a extranjeros a terceros países sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchados sobre reclamos basados en el miedo; en otras palabras, sin el debido proceso».
Así las cosas, el juez ha aseverado que su orden busca prevenir el «daño irreparable» —persecución, tortura y muerte— al que pueden enfrentarse estas personas en los países a los que se las envía, donde frecuentemente no tienen la oportunidad de impugnar ante la Justicia su deportación.
En la misma línea, el fallo de Murphy obliga a la Casa Blanca a notificar por escrito a los extranjeros antes de deportarlos a un tercer país, así como a garantizarles una «oportunidad significativa» para manifestar sus inquietudes en materia de seguridad, ofreciéndoles un plazo mínimo de 15 días para solicitar la reapertura de sus procesos migratorios.
Cabe señalar que esta decisión llega después de que el presidente estadounidense apelara el mes pasado a la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a dos aviones cargados con presuntos miembros de pandillas venezolanos a la megacárcel CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador, sin brindarles un proceso legal adecuado y con garantías.
En paralelo, un grupo venezolanos ha solicitado con urgencia a la Corte Suprema de EE. UU., así como a tribunales federales y de apelación, que se detenga su inminente deportación a El Salvador, alegando que el plan del Gobierno estadounidense es enviarlos a una prisión de alta seguridad en sin permitirles la revisión judicial a la que tienen derecho.
A este respecto, el juez de distrito James Boasberg se ha declarado este viernes por la noche —en una audiencia de emergencia en Washington— sin competencia para intervenir ante tal demanda, argumentando que los detenidos están en Texas.
«En este momento, no creo que tenga poder para hacer nada al respecto», ha indicado Boasberg a los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representan a los demandantes, según declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg.
Por su parte, los abogados han incidido en que, sin intervención judicial, cientos de personas «podrían ser trasladadas a una posible cadena perpetua en El Salvador sin ninguna oportunidad real de impugnar su designación o traslado».
