La reciente ampliación de los cargos penales por parte de la justicia de EE. UU. contra el genocida dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores representa un punto de inflexión decisivo en el cerco judicial internacional contra los altos mandos del régimen venezolano.
Tras años de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tratos crueles, las autoridades norteamericanas han formalizado acusaciones directas por conspiración para cometer tortura de forma sistemática contra disidentes políticos y civiles.
Este desarrollo judicial no solo refuerza las investigaciones previas por narcoterrorismo, sino que sitúa los abusos sistemáticos contra los derechos humanos en el centro de la acción penal penalizando directamente la cadena de mando.
Ante esta coyuntura, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha emitido un posicionamiento institucional para fijar su postura sobre el alcance de estas acciones judiciales.
La organización enfatiza la necesidad de extender el foco de las investigaciones hacia los operadores clave del aparato estatal y de seguridad que han garantizado la sostenibilidad del modelo represivo en el país.
Asimismo, rechaza de manera categórica que cualquier eventual proceso de diálogo, acuerdo diplomático o transacción política internacional pueda utilizarse como moneda de cambio para garantizar la impunidad de los responsables.
El comunicado en concreto expresa:
Miami, 9 de octubre de 2026.— La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) considera que la nueva acusación presentada por autoridades estadounidenses contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer tortura constituye un hecho de enorme importancia para las víctimas de la represión en Venezuela.
La acusación describe graves métodos de tortura y un presunto sistema utilizado contra opositores y detenidos. Estos cargos deberán ser probados ante los tribunales. Para VEPPEX, la investigación no puede detenerse en Nicolás Maduro y Cilia Flores. Si se investiga la existencia de un aparato de represión y tortura, corresponde determinar las responsabilidades individuales de quienes ocuparon posiciones fundamentales dentro de las estructuras políticas y de seguridad del poder venezolano.
Por esta razón, VEPPEX solicita al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar las posibles responsabilidades de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, así como de cualquier otro funcionario respecto del cual existan elementos probatorios. Debe establecerse quién ordenó, quién facilitó, quién ejecutó y quién encubrió actos de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos.
VEPPEX considera igualmente que ninguna negociación política, económica o diplomática puede convertirse en un mecanismo de impunidad. Los acuerdos sobre el futuro de Venezuela no pueden construirse sacrificando el derecho de las víctimas a obtener verdad y justicia. La tortura no se negocia. La justicia no puede ser selectiva. Quien resulte responsable debe responder ante la justicia, independientemente de su nombre, cargo o posición política.
José Antonio Colina,
Presidente de VEPPEX,
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.
En Dios Confiamos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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