La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha presentado formalmente una petición ante la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU.
La iniciativa busca que las autoridades federales evalúen e investiguen de manera independiente las denuncias sobre torturas, detenciones arbitrarias, tratos crueles, tratos degradantes y desapariciones forzadas en Venezuela, sustentadas en informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU y diversos organismos internacionales.
El requerimiento individualiza la responsabilidad de 17 altos funcionarios y exfuncionarios vinculados a los principales órganos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano —entre ellos la DGCIM, el SEBIN, la PNB y el CICPC—, instando al gobierno estadounidense a determinar posibles responsabilidades penales bajo el marco legal federal, coordinar investigaciones con agencias como el FBI y HSI, aplicar evaluaciones migratorias y establecer mecanismos seguros para la preservación de evidencias y testimonios de las víctimas.
La solicitud en concreto expresa:
VENEZOLANOS PERSEGUIDOS POLÍTICOS EN EL EXILIO (VEPPEX)
Miami, Florida, Estados Unidos
14 de octubre de 2026
A:
Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP)
División Criminal
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Washington, D. C.
Asunto: Solicitud formal de investigación sobre presuntas torturas y graves violaciones de derechos humanos atribuidas a 17 funcionarios venezolanos
Distinguidos representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos:
En representación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), organización dedicada a la defensa de las víctimas de persecución política en Venezuela, me dirijo respetuosamente a ustedes para solicitar la evaluación y, cuando existan fundamentos jurídicos suficientes, la investigación de denuncias relacionadas con torturas, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos atribuidas a funcionarios de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano.
Durante años, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, organizaciones internacionales de derechos humanos y autoridades estadounidenses han documentado patrones de graves abusos relacionados con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y otras instituciones de seguridad venezolanas.
Estos hallazgos plantean serias preocupaciones sobre la actuación de determinados funcionarios, la posible participación individual en conductas ilícitas y las responsabilidades de superiores que pudieran haber ordenado, facilitado, tolerado conscientemente o participado de otra manera en hechos delictivos.
VEPPEX solicita respetuosamente una evaluación individual de los siguientes 17 funcionarios y exfuncionarios:
- Iván Hernández Dala: exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
- Gustavo González López: exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
- Alexander Granko Arteaga: oficial de la DGCIM vinculado a operaciones especiales.
- Rafael Franco Quintero: exdirector de Investigaciones de la DGCIM.
- Rafael Blanco Marrero: exsubdirector de la DGCIM.
- Hannover Guerrero Mijares: exdirector de Investigaciones de la DGCIM.
- Carlos Calderón Chirinos: exdirector de Investigaciones del SEBIN.
- Elio Estrada Paredes: exdirector de la Policía Nacional Bolivariana y comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
- Douglas Rico González: director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
- Jhonny Salazar Bello: subdirector del CICPC.
- Danny Ramón Ferrer Sandrea: militar retirado, designado viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal en noviembre de 2024.
- Alexis Rodríguez Cabello: director del SEBIN.
- Javier Marcano Tábata: director de la DGCIM.
- Néstor Reverol Torres: exministro del Interior, Justicia y Paz.
- Manuel Cristopher Figuera: exdirector del SEBIN.
- Hildemaro Rodríguez Múcura: excomisario del SEBIN.
- Rubén Darío Santiago Servigna: director de la Policía Nacional Bolivariana.
La inclusión de estas personas no constituye una declaración de culpabilidad penal. Sus circunstancias individuales, las pruebas disponibles y la naturaleza de las posibles responsabilidades son diferentes. VEPPEX solicita que cada caso sea evaluado de manera independiente, sobre la base de evidencias confiables, las leyes aplicables y el respeto al debido proceso.
Solicitudes formales
- PRIMERO: Examinar la documentación disponible sobre presuntos actos de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos cometidos en instituciones de seguridad e inteligencia venezolanas, incluidos los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
- SEGUNDO: Determinar si las evidencias disponibles ofrecen fundamentos para una investigación penal conforme a las leyes federales estadounidenses aplicables, incluida la disposición 18 U.S.C. § 2340A sobre tortura cometida fuera de Estados Unidos, siempre que se cumplan sus requisitos de jurisdicción.
- TERCERO: Evaluar posibles responsabilidades penales individuales, incluyendo participación directa, órdenes, facilitación u otras formas de intervención reconocidas legalmente en actos de tortura y delitos relacionados.
- CUARTO: Cuando corresponda, coordinar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otras autoridades federales competentes para examinar las evidencias pertinentes y determinar si proceden nuevas investigaciones o actuaciones legales.
- QUINTO: Examinar, dentro de las competencias de los organismos correspondientes, si la información relacionada con alguno de los funcionarios mencionados justifica una evaluación migratoria, incluidas posibles causales de inadmisibilidad u otras restricciones legalmente aplicables.
- SEXTO: Facilitar mecanismos adecuados para preservar evidencias y permitir la presentación confidencial de testimonios de víctimas y testigos, garantizando medidas apropiadas para proteger su seguridad y privacidad.
VEPPEX considera que las denuncias graves de tortura no deben ser ignoradas por el hecho de que las conductas denunciadas hayan ocurrido fuera del territorio estadounidense. Al mismo tiempo, reconocemos que toda investigación o procesamiento federal debe cumplir los requisitos de jurisdicción y los estándares jurídicos correspondientes.
La búsqueda de responsabilidades resulta esencial para combatir la impunidad y proteger los derechos de las víctimas de persecución política.
Solicitamos respetuosamente una confirmación de recepción de esta comunicación e información sobre el procedimiento adecuado para presentar documentación adicional.
VEPPEX queda a disposición para aportar información documentada de carácter público y facilitar, con su consentimiento y las debidas garantías, el contacto con posibles fuentes de evidencia.
Agradecemos su atención a esta solicitud.
Atentamente,
José Antonio Colina
Presidente
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX)
Miami, Florida
Estados Unidos
Documentación de respaldo propuesta: Informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU; registros oficiales de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea; informes de derechos humanos; y testimonios corroborados de víctimas y testigos, cuando estén disponibles.
