Polonia se abre a la financiación de una base militar estadounidense en su territorio

El Gobierno de Polonia ha confirmado este miércoles la predisposición de financiar una base militar estadounidense permanente en su territorio, en línea con lo que han expresado otros países como Lituania, para reforzar la seguridad en el contexto de la guerra de Ucrania y las supuestas amenazas de guerra híbrida.

«Una base estadounidense en territorio polaco aumentaría significativamente nuestra seguridad, pero la seguridad tiene un precio. Estamos dispuestos a pagar por esta base», ha señalado la viceministra de Defensa, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, en una entrevista para la emisora local RMF FM.

Así, ha asegurado que el presidente de EE. UU., Donald Trump, «lleva mucho tiempo enviando señales» en ese sentido, como parte de la evaluación que Washington está llevando a cabo sobre su presencia militar en Europa.

«No me sorprendería que los estadounidenses redujeran un poco su presencia en el continente, aunque no creo que esto se aplique a nuestra parte del continente», ha valorado la viceministra de Defensa. Actualmente hay aproximadamente 10.000 soldados aliados estacionados en Polonia, la mayoría de ellos estadounidenses.

Sobkowiak-Czarnecka ha revelado que EE. UU. ha evaluado ya posibles ubicaciones para esta base militar y que ya se está trabajando en la legislación correspondiente. «Todo esto está en marcha», ha dicho.

En ese sentido, confía en que los informes oportunos lleguen a principios de noviembre a los despachos del Pentágono, como paso previo antes de llegar al escritorio del presidente Trump, previsiblemente para primeros de diciembre.

Polonia no es el único país que ha planteado esta posibilidad de albergar de manera permanente una misión militar estadounidense en su territorio, sufragando la construcción de las correspondientes instalaciones. Lituania es otro caso, con la particularidad de que pretende modificar la Constitución para tener amparo legal.

Estas maniobras han encontrado el malestar de Moscú, que ha advertido de que ubicar «infraestructura militar de un país importante de la OTAN» cerca de sus fronteras puede ser percibido como una provocación y otra manera de buscar aumentar las tensiones, en un contexto geopolítico ya complicado.

Bangladesh confirma la muerte de al menos 20 de sus ciudadanos obligados a luchar por Rusia en Ucrania

Las fuerzas de seguridad de Bangladesh han informado este miércoles de que al menos 20 bangladeshíes han muerto tras ser enviados de forma ilegal a territorio ucraniano y obligados a luchar como parte de las filas rusas en el marco de la invasión de Ucrania.

El Batallón de Respuesta Especial de la Policía de Bangladesh ha indicado que hay indicios de que todos ellos fueron introducidos en territorio ucraniano, donde fallecieron durante enfrentamientos, con la «falsa promesa de conseguir un trabajo en una empresa de construcción».

Sin embargo, una vez en el país, fueron «obligados a seguir un programa de entrenamiento que se alargó durante tres semanas y con el que fueron preparados para luchar en la guerra», según informaciones recogidas por el diario ‘The Daily Star’. Mohamad Asaduzaman, portavoz de la unidad especial, ha indicado que «fueron entregados al Ejército de Rusia, que les retiró los pasaportes y los teléfonos móviles inmediatamente después de llegar a suelo ruso».

Las investigaciones apuntan a que, posteriormente, fueron enviados al campo de batalla como «cebo» para identificar «posiciones enemigas» en el frente, tal y como ha explicado antes de detallar que de unos 30 bangladeshíes que fueron enviados a Rusia a principios de mayo, al menos 17 murieron en ataques con drones.

Además, ha apuntado a que otros tres habrían muerto después en un hospital. Otros dos siguen recibiendo tratamiento, uno sobrevivió a estos ataques y otros seis siguen en el campo de batalla.

«Quienes fueron enviados no tenían ningún tipo de preparación física o táctica. Simplemente se traficó con ellos», ha denunciado Asaduzaman, que ha indicado que dos personas han sido acusadas de verse implicadas en la red de tráfico que acabó con este desplazamiento.

Rutte defiende que la OTAN responde a los ataques híbridos de Rusia «aunque no siempre sea visible»

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que la Alianza Atlántica dispone de todos los mecanismos necesarios para responder a los ataques híbridos de Rusia contra los países aliados, aunque ha advertido de que sus acciones «no siempre serán visibles» ni se harán públicas, al tiempo que ha defendido que estas operaciones de Moscú en Europa son una muestra de «debilidad».

«Nos hemos entrenado y preparado para esto. Tenemos todas las opciones de respuesta que necesitamos. No siempre las verán, no siempre serán públicas y no siempre responderemos con la misma moneda. A veces serán simétricas y otras asimétricas», ha afirmado durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, celebrada este miércoles en Tallin.

Rutte ha respondido así al ser preguntado por el aumento de los ataques híbridos atribuidos a Rusia en territorio europeo y por la percepción de ausencia de una respuesta visible de la OTAN, sobre todo tras el incremento de la presencia de drones en el mar Negro con agresiones a buques, o en los países del Báltico con la entrada de este mismo tipo de aeronaves en su espacio aéreo.

Como ejemplo de las medidas adoptadas por la Alianza, el dirigente neerlandés ha recordado el lanzamiento de la operación ‘Baltic Sentry’ (Centinela Báltico) en enero de 2025, destinada a reforzar la vigilancia y protección de las infraestructuras submarinas críticas en el mar Báltico tras varios incidentes relacionados con daños en cables de telecomunicaciones.

«Aquella fue una respuesta visible, pero no siempre será así», ha insistido Rutte, quien ha subrayado que a Rusia «le encantaría que nos pasáramos todo el día hablando de ello, que nos dejáramos intimidar y que celebráramos ruedas de prensa constantemente». «No vamos a hacerlo. Responderemos donde sea necesario, aunque no siempre sea visible», ha añadido.

De la Espriella aprueba decreto que cambia protocolo de actuación de fuerzas de seguridad en las protestas en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha aprobado un decreto que modifica los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas, una medida que estará en vigor en las movilizaciones y paros convocados para este mismo miércoles contra las autoridades del país.

«Cumplí mi palabra y aquí está el decreto. En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!», ha dicho De la Espriella en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha defendido que este decreto busca «fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y asegurar que las autoridades actúen, dentro del marco de la ley, frente a quienes pretendan sembrar el caos». «¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!», ha agregado.

«A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita (desorden)! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera! ¡Lo prometí, lo cumplí y seguiré cumpliendo! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!», ha zanjado.

El citado decreto «define el nuevo protocolo de actuación de las autoridades en el marco de manifestaciones públicas», según un comunicado publicado por la Presidencia colombiana, que ha agregado que el texto también «regula el uso de la fuerza legítima del Estado para proteger a la ciudadanía y garantizar el derecho a la protesta pacífica».

«La norma ordena cambios en los procedimientos de diálogo y mediación e intervención policial. Asimismo, define los criterios sobre el accionar de la Policía frente a hechos de violencia y bloqueos viales», ha explicado, al tiempo que ha reseñado que «cuando se presenten hechos violentos, la intervención policial contra sus responsables no tendrá que esperar a que finalice el diálogo con el conjunto de los manifestantes».

En este sentido, el artículo 1 del decreto recoge que «frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia».

«El diálogo y la mediación podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación», añade.

En esta línea, permite la intervención de las fuerzas de seguridad «cuando desde el inicio de la reunión o manifestación se identifique o determine el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios», según el decreto publicado en su totalidad por la Presidencia de Colombia.

«La garantía del derecho fundamental a la reunión y manifestación pública y pacífica será ponderada con la protección efectiva de los demás derechos fundamentales y bienes constitucionales en tensión, entre ellos la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación, la seguridad y la prestación de servicios públicos esenciales», destaca en su tercer punto.

Veppex solicita una investigación sobre presuntas torturas y graves violaciones de DD. HH. atribuidas a 17 funcionarios venezolanos

La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) ha presentado formalmente una petición ante la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU.

La iniciativa busca que las autoridades federales evalúen e investiguen de manera independiente las denuncias sobre torturas, detenciones arbitrarias, tratos crueles, tratos degradantes y desapariciones forzadas en Venezuela, sustentadas en informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU y diversos organismos internacionales.

El requerimiento individualiza la responsabilidad de 17 altos funcionarios y exfuncionarios vinculados a los principales órganos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano —entre ellos la DGCIM, el SEBIN, la PNB y el CICPC—, instando al gobierno estadounidense a determinar posibles responsabilidades penales bajo el marco legal federal, coordinar investigaciones con agencias como el FBI y HSI, aplicar evaluaciones migratorias y establecer mecanismos seguros para la preservación de evidencias y testimonios de las víctimas.

La solicitud en concreto expresa:

VENEZOLANOS PERSEGUIDOS POLÍTICOS EN EL EXILIO (VEPPEX)

Miami, Florida, Estados Unidos
14 de octubre de 2026

A:
Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales (HRSP)
División Criminal
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Washington, D. C.

Asunto: Solicitud formal de investigación sobre presuntas torturas y graves violaciones de derechos humanos atribuidas a 17 funcionarios venezolanos

Distinguidos representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos:

En representación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), organización dedicada a la defensa de las víctimas de persecución política en Venezuela, me dirijo respetuosamente a ustedes para solicitar la evaluación y, cuando existan fundamentos jurídicos suficientes, la investigación de denuncias relacionadas con torturas, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos atribuidas a funcionarios de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano.

Durante años, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, organizaciones internacionales de derechos humanos y autoridades estadounidenses han documentado patrones de graves abusos relacionados con la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y otras instituciones de seguridad venezolanas.

Estos hallazgos plantean serias preocupaciones sobre la actuación de determinados funcionarios, la posible participación individual en conductas ilícitas y las responsabilidades de superiores que pudieran haber ordenado, facilitado, tolerado conscientemente o participado de otra manera en hechos delictivos.

VEPPEX solicita respetuosamente una evaluación individual de los siguientes 17 funcionarios y exfuncionarios:

  1. Iván Hernández Dala: exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
  2. Gustavo González López: exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
  3. Alexander Granko Arteaga: oficial de la DGCIM vinculado a operaciones especiales.
  4. Rafael Franco Quintero: exdirector de Investigaciones de la DGCIM.
  5. Rafael Blanco Marrero: exsubdirector de la DGCIM.
  6. Hannover Guerrero Mijares: exdirector de Investigaciones de la DGCIM.
  7. Carlos Calderón Chirinos: exdirector de Investigaciones del SEBIN.
  8. Elio Estrada Paredes: exdirector de la Policía Nacional Bolivariana y comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
  9. Douglas Rico González: director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
  10. Jhonny Salazar Bello: subdirector del CICPC.
  11. Danny Ramón Ferrer Sandrea: militar retirado, designado viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal en noviembre de 2024.
  12. Alexis Rodríguez Cabello: director del SEBIN.
  13. Javier Marcano Tábata: director de la DGCIM.
  14. Néstor Reverol Torres: exministro del Interior, Justicia y Paz.
  15. Manuel Cristopher Figuera: exdirector del SEBIN.
  16. Hildemaro Rodríguez Múcura: excomisario del SEBIN.
  17. Rubén Darío Santiago Servigna: director de la Policía Nacional Bolivariana.

La inclusión de estas personas no constituye una declaración de culpabilidad penal. Sus circunstancias individuales, las pruebas disponibles y la naturaleza de las posibles responsabilidades son diferentes. VEPPEX solicita que cada caso sea evaluado de manera independiente, sobre la base de evidencias confiables, las leyes aplicables y el respeto al debido proceso.

Solicitudes formales

  • PRIMERO: Examinar la documentación disponible sobre presuntos actos de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos cometidos en instituciones de seguridad e inteligencia venezolanas, incluidos los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
  • SEGUNDO: Determinar si las evidencias disponibles ofrecen fundamentos para una investigación penal conforme a las leyes federales estadounidenses aplicables, incluida la disposición 18 U.S.C. § 2340A sobre tortura cometida fuera de Estados Unidos, siempre que se cumplan sus requisitos de jurisdicción.
  • TERCERO: Evaluar posibles responsabilidades penales individuales, incluyendo participación directa, órdenes, facilitación u otras formas de intervención reconocidas legalmente en actos de tortura y delitos relacionados.
  • CUARTO: Cuando corresponda, coordinar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otras autoridades federales competentes para examinar las evidencias pertinentes y determinar si proceden nuevas investigaciones o actuaciones legales.
  • QUINTO: Examinar, dentro de las competencias de los organismos correspondientes, si la información relacionada con alguno de los funcionarios mencionados justifica una evaluación migratoria, incluidas posibles causales de inadmisibilidad u otras restricciones legalmente aplicables.
  • SEXTO: Facilitar mecanismos adecuados para preservar evidencias y permitir la presentación confidencial de testimonios de víctimas y testigos, garantizando medidas apropiadas para proteger su seguridad y privacidad.

VEPPEX considera que las denuncias graves de tortura no deben ser ignoradas por el hecho de que las conductas denunciadas hayan ocurrido fuera del territorio estadounidense. Al mismo tiempo, reconocemos que toda investigación o procesamiento federal debe cumplir los requisitos de jurisdicción y los estándares jurídicos correspondientes.

La búsqueda de responsabilidades resulta esencial para combatir la impunidad y proteger los derechos de las víctimas de persecución política.

Solicitamos respetuosamente una confirmación de recepción de esta comunicación e información sobre el procedimiento adecuado para presentar documentación adicional.

VEPPEX queda a disposición para aportar información documentada de carácter público y facilitar, con su consentimiento y las debidas garantías, el contacto con posibles fuentes de evidencia.

Agradecemos su atención a esta solicitud.

Atentamente,

José Antonio Colina
Presidente
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX)
Miami, Florida
Estados Unidos

Documentación de respaldo propuesta: Informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU; registros oficiales de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea; informes de derechos humanos; y testimonios corroborados de víctimas y testigos, cuando estén disponibles.

Despliegue policial impidió a trabajadores llegar hasta Miraflores para protestar

Caracas. – Este martes trabajadores activos, jubilados, pensionados, maestros, gremios de la salud y profesores universitarios marcharon en Caracas, para exigir salarios y pensiones dignas, inclusión de los bonos en los sueldos y el cumplimiento de las convenciones colectivas. No obstante, la movilización fue bloqueada por un fuerte contingente antimotín de la PNB.

La concentración comenzó frente a la sede del Ipasme, en La Hoyada, desde donde los manifestantes partieron después de las 10:00 a. m. con la intención de llegar al Palacio de Miraflores. Bajo la consigna “+ salario ya”, exhibieron pancartas y banderas para reclamar mejoras en sus ingresos.

A la protesta se sumaron representantes de los sectores salud y educación, organizaciones sindicales y ONG como Provea, además de familiares de presos políticos que exigieron la liberación de sus allegados.

También se unieron familiares de presos políticos, quienes alzaron la voz para demandar la excarcelación de los detenidos. «Libertad para todos. Señora Delcy, señor Trump, acá no estamos bailando. Libertad ya para todos… Ni uno, ni dos, que sean todos», manifestaron durante el trayecto.

Durante el recorrido también se escucharon consignas a favor de la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). “No tengo miedo, me lo quité, yo lo que quiero es un nuevo CNE”, corearon algunos participantes.

La marcha pudo movilizarse sin contratiempos hasta llegar a media cuadra de la avenida Urdaneta, frente a la sede del Ministerio de Economía y la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia en el centro de Caracas. No obstante, el enorme despliegue policial les impidió estar adyacentes siquiera de Miraflores, donde tenían pensado concentrarse para alzar sus voces contra la Narcotiranía chavista.

Sin embargo, al menos seis dirigentes lograron pasar y entregar las cajas con más de 50 mil firmas que tenían previsto consignar. En imágenes publicadas en redes sociales se podía ver que los funcionarios policiales se montaban en sus unidades y grababan a los manifestantes que les exigían que les permitieran seguir su paso hacia Miraflores.

Gricelda Sánchez, dirigente gremial del sector educativo, indicó que “las prestaciones sociales de un maestro en Venezuela, cuando se jubila, lo que recibe son 20 dólares después de 25 años de profundo trabajo”.

Sánchez aseguró, que aunque varios docentes reciben entre USD$ 240 y 300 en bonificaciones, esos ingresos siguen siendo insuficientes frente al costo de la canasta básica. Por su parte, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuestionó el despliegue policial y explicó que el objetivo era entregar un documento para solicitar la discusión de las tablas salariales.

“Los ingresos que tiene la nación son suficientes para honrar las demandas de los trabajadores (…) Vinimos a consignar un documento para discutir la tabla salarial. No hace falta nada de esto”, expresó.Afonso formó parte del grupo que pudo acceder al despacho presidencial, para entregar las peticiones y firmas.

Uruguay asegura que «Delcy Rodríguez es tan ilegítima como Maduro»

Caracas. – El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, afirmó este martes que su país no reanudará nexos con Venezuela, mientras Delcy Rodríguez esté en el poder, por considerar que “Delcy es tan ilegítima como Maduro”.

Durante una entrevista con el periódico brasileño Folha de S. Paulo, mantenido en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diplomático descartó de plano cualquier posibilidad de restablecer los nexos bilaterales con Caracas mientras la administración transitoria de Delcy Rodríguez permanezca en el poder.

Lubetkin respondió a la consulta sobre si Uruguay había retomado los vínculos con Caracas. Al respecto, señaló que «de ninguna manera» y aclaró que tampoco lo hará. Al ser cuestionado sobre los motivos que mantienen suspendidas las relaciones diplomáticas entre ambos países, dijo que «nada ha cambiado».

«Hubo elecciones que cuestionamos. De ellas surgió un [genocida dictador, Nicolás Maduro] que ahora, además de todo lo demás, está encarcelado en EE. UU., y de ese [dictador] surge otra [Delcy Rodríguez], tan ilegítima como él», expresó el canciller uruguayo.

Frente a la asfixia institucional que padece Venezuela, Lubetkin remarcó que la posición uruguaya se mantiene inquebrantable y delimitó los requisitos indispensables para un eventual acercamiento futuro:

“Para nosotros, la solución para Venezuela es muy clara: que haya elecciones, que alguien venza, que una corte independiente confirme que María o José ganó y, 15 minutos después, estableceremos relaciones diplomáticas con el legítimo vencedor de una elección democrática”.

La posición fijada por la administración del presidente Yamandú Orsi tensó de inmediato los canales diplomáticos con Caracas. El ilegítimo ministro de Relaciones Exteriores del interinato narcochavista, Félix Plasencia, rechazó las declaraciones a través de sus canales oficiales, calificándolas de «intromisión inadmisible», y acusando a Uruguay de sostener posturas arrogantes que desconocen la soberanía nacional, y la presunta agenda de diálogo político interno que encabeza Miraflores.

Revelan entrega de monedas de oro de Delcy Rodríguez a Ábalos y Koldo en España

Caracas. – Delcy Rodríguez habría entregado monedas de oro de 24 quilates al exministro español José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García Izaguirre en 2020, cuando se desempeña como «vicepresidente» del narcorégimen chavista, controlado en ese entonces por Nicolás Maduro.

Así lo revela el medio digital El Español en un reportaje publicado este pasado lunes, en el cual precisa que la entrega del dinero se produjo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el 20 de enero de 2020, durante el episodio conocido como el ‘Delcygate’. Meses después, también se habrían producido entregas de lingotes de oro en Caracas.

Según la publicación, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, envió a Víctor de Aldama una fotografía de un lingote de un kilogramo, valorado en unos 50.000 euros en 2020.
El medio también sostiene, que las entregas buscaban influir en la posición del Gobierno de Pedro Sánchez frente a Venezuela y frenar su respaldo a Juan Guaidó.

La información se basa en fuentes conocedoras del caso y documentos obtenidos por El Español y selaña que las monedas estaban acuñadas con la imagen del libertador Simón Bolívar y habrían llegado a España junto con otros obsequios destinados al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, e integrantes de su Ejecutivo.

De hecho, la entrega a Ábalos y Koldo fue confirmada por varias fuentes consultadas por el periódico. “La información que forma parte de la causa detalla que Rodríguez habría traído consigo monedas de oro y otros obsequios. Aldama sostiene que (José Luis) Ábalos y Koldo (García Izaguirre) recibieron parte de ese material. También indica que hubo lingotes sin marcar, cuya entrega pudo llevarse a cabo en Venezuela o bien ser comunicada desde allí”, se reporta.

En la declaración que cita el medio de comunicación, Aldama dijo que recibió presuntas fotografías con lingotes de oro después del ‘Delcygate’ enviadas por el exministro de economía venezolano, Simón Zerpa. “La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está tratando de aclarar quién entregó cada pieza, cuál era su valor y si el oro estaba relacionado con comisiones de operaciones petroleras”, se lee en la nota.

La fotografía habría sido recuperada por la Guardia Civil de uno de los dispositivos electrónicos incautados a Aldama durante su detención en 2024. El medio asegura que el empresario confirmó la entrega de monedas y lingotes de oro a Ábalos y Koldo por parte del chavismo.

Del mismo modo, la investigación también incluye conversaciones entre Koldo García y quien entonces era su esposa, Patricia Úriz, recuperadas de los dispositivos electrónicos examinados por la Guardia Civil.

En las conversaciones se abordan supuestos negocios relacionados con el petróleo y operaciones con PDVSA. En otra declaración, el empresario afirmó que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con documentos de la estatal petrolera venezolana. “Aldama relaciona el contenido con una presunta financiación al PSOE y de la Internacional Socialista, aunque no detalló el contenido de los papeles», indica el reportaje.

El medio también habla sobre el rastro del oro, cuya huella es más difícil de borrar que la del dinero en efectivo. “Su pureza, peso, origen y comercialización suelen quedar registrados en compraventas. Cada lingote, aun sin marca visible, puede narrar una historia si se cuenta con el documento correcto”, afirma El Español.

Bloomberg: Maikel Moreno y Tareck El Aissami podrían ser los próximos chavistas extraditados

Caracas. – El expresidente ilegítimo del TSJ, Maikel Moreno y el exministro írrito de Petróleo y exvicepresidente ejecutivo del narcorégimen, Tareck El Aissami, figuran entre los exfuncionarios de la tiranía que podrían ser extraditados a EE. UU., de acuerdo con una información revelada por el portal noticioso Bloomberg.

Un reportaje publicado este lunes por la citada web sobre el traslado del empresario acusado de lavado de dinero Álvaro Pulido Vargas a la justicia estadounidense, incluye una mención que ha encendido las alarmas en el entorno chavista, pues, indica que El Aissami y Moreno podrían ser los próximos en ser entregados.

Cabe señalar que esta posibilidad se plantea en medio del acercamiento entre Caracas y Washington y de una mayor cooperación en materia judicial. El pasado 11 de octubre, el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas fue trasladado desde Venezuela a EE. UU., donde deberá responder por cargos relacionados con presuntos sobornos y lavado de dinero.

Es necesario recordar que Pulido permanecía detenido en territorio venezolano desde 2023, por una investigación de corrupción, y el medio no afirma que El Aissami y Moreno sean los próximos en ser extraditados, pero los identifica explícitamente como objetivos de las autoridades estadounidenses en el marco de una cooperación judicial que no ha dejado de crecer desde la captura del genocida dictador que sometía a Venezuela, Nicolás Maduro.

«Entre las personas buscadas por las autoridades estadounidenses se encuentran el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, detenido en Venezuela desde 2024, y el expresidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno», señala el texto de Bloomberg.

Moreno presidió el TSJ entre 2017 y 2022. En 2023, fiscales estadounidenses lo acusaron de presuntamente participar en un esquema de lavado de dinero y recibir sobornos a cambio de influir en decisiones judiciales. Los señalamientos se relacionan con hechos que habrían ocurrido entre 2014 y marzo de 2019.

El Aissami ocupó cargos de alto nivel durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre ellos el Ministerio de Relaciones Interiores, la Vicepresidencia Ejecutiva y el Ministerio de Petróleo. Renunció a esta última cartera en marzo de 2023, tras el inicio de una investigación por irregularidades en Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque se estima que fue una purga interna del chavismo lo que derivó en todo ello.

Aparte de Pulido Vargas, el interinato de Delcy Rodríguez también extraditó recientemente hacia EE. UU. al miembro del Tren de Aragua, Aníbal Alexander Canelón Aguirre. Este patrón de entregas sostenidas refleja la política de Rodríguez, quien, desde que sustituyó a Maduro, ha reorientado al narcorégimen hacia las prioridades de Washington. Bloomberg describe ese giro como «una creciente cooperación policial entre Caracas y Washington».

Rumor: le habría sido prohibido la salida del país a Débora Menicucci, esposa de Maikel Moreno

Caracas. – Un rumor que circula en las redes sociales desde este pasado lunes indica que a Débora Menicucci, la esposa del magistrado chavista Maikel Moreno, le habría sido prohibida la salida del país.

La información, aún no confirmada, pero manejada por distintas cuentas, indica que Menicucci aparentemente intentó abandonar el país junto a sus dos hijas, utilizando el aeropuerto de Charallave, en el estado Miranda.

Presuntamente tenía intenciones de volar hacia Europa en un avión privado. La versión señala que su doble nacionalidad le habría permitido planificar su salida al extranjero. Vale la pena recordar que la modelo es hija de un ciudadano italiano y por ello posee también la nacionalidad de ese país, al que pretendía viajar, según se cree.

Sin embargo, se reporta que le impidieron salir del país durante la noche de este lunes. Hasta el momento, la información indica que no fue detenida, sino que se le habría negado la salida. La versión circuló con fuerza en plataformas como X, Instagram y Facebook. Sin embargo, para este martes no se han diseminado más detalles al respecto.

En paralelo, cobra fuerza la versión sobre una eventual extradición de Maikel Moreno a EE. UU., un asunto que requiere confirmación oficial por parte de las autoridades competentes. Igualmente, hay que destacar que Menicucci fue sancionada en julio de 2020 por EE. UU.

El entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, informó sobre las sanciones a Moreno y su esposa por estar envueltos «en una significativa corrupción», y aseguró que este «había recibido sobornos para influir en el resultado de casos criminales y civiles en Venezuela».