Las estimaciones privadas sugieren que el déficit fiscal del Gobierno nacional superará el 5% del PBI para fin de año, mientras que solamente los intereses del Banco Central podrían superar el 7% del producto. El acuerdo con el FMI sigue en proceso de negociación, y las metas suspendidas.
La economía argentina opera sin ningún tipo de ancla. El acuerdo original con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se fue flexibilizando constantemente debido a los reiterados incumplimientos del Gobierno kirchnerista, hasta el punto en que todas las metas trimestrales para el déficit y la monetización del mismo fueron eliminadas hasta la negociación de un nuevo esquema.
Así, el Gobierno incumplió la primera meta fiscal del año 2023 y el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN) escaló hasta el 2,26% del PBI en marzo. La meta propuesta para fin de año, en torno al 2,5% del PBI, tampoco podrá cumplirse. Las estimaciones privadas sugieren que más bien rondará entre el 3% y el 4% del producto en el acumulado de 12 meses hasta diciembre.
Asimismo, el déficit financiero (incluyendo el pago de intereses por la deuda pública) superó el 4,3% del PBI en marzo y alcanzó el valor más drástico de los últimos 7 meses. Pese al ajuste en materia de subsidios económicos (principalmente sobre las tarifas de energía y transporte), el gasto público no se moderó y la sequía impactó de lleno sobre los ingresos fiscales por retenciones.
Sin lugar a dudas el dato más dramático para la estabilidad fiscal es el pago de intereses por los pasivos remunerados del Banco Central. Esta partida ya supera fácilmente el 4,5% del PBI y para fin de año podría llegar a superar el 7% del PBI.
Entre los distintos niveles del déficit fiscal, el Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa podría dejar un desequilibrio consolidado total de más de 12 puntos del PBI para fin de año, algo que no se veía desde el año 1975 con el estallido del famoso Rodrigazo.
Se deja una auténtica bomba de tiempo, una combinación de la peor situación fiscal de los últimos 50 años y al mismo tiempo un desequilibrio en pasivos remunerados muy similar al que había en el primer trimestre de 1989 (la antesala de la peor hiperinflación de la historia argentina).
Se debe tener en cuenta que el acuerdo con el FMI solamente limita el déficit primario del Gobierno nacional, pero no establece ningún tipo de restricción sobre el resultado financiero o el déficit que surge por la acción del BCRA. Ambos elementos tienen rienda libre para el Gobierno.
Lo mismo ocurre con la propia monetización para financiar al fisco. El FMI sólo estableció restricciones para la aprobación de “adelantos transitorios” y “transferencia de utilidades” al Tesoro, y no dice absolutamente nada sobre la emisión monetaria para la compra de títulos públicos (una manera indirecta de monetizar el déficit) o la emisión para comprar divisas (por los sucesivos lanzamientos del dólar soja) o el propio pago de intereses por la deuda remunerada.
El equipo económico sigue negociando una quinta revisión del acuerdo con el Fondo para disponer de otra flexibilización adicional. El Gobierno busca negociar un adelanto de los desembolsos correspondientes al segundo trimestre, pero no hay ninguna garantía de que el FMI vaya a dar el brazo a torcer (otra vez) en este aspecto en particular.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
John De la Vega es un abogado venezolano-americano que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana e hispana en sus procesos migratorios en los Estados Unidos.
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