Los cinco jueces que definieron la condena fueron designados por el dictador socialista Lula da Silva.
De Derecha Diario
En un fallo que marca un capítulo oscuro en la historia política de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), por orden del dictador socialista brasileño Lula da Silva, condenó este jueves al expresidente y perseguido político Jair Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado, en un juicio ampliamente cuestionado y cargado de irregularidades.
La decisión se produjo tras los votos positivos de tres de los cinco magistrados que integran la comisión, los cuales fueron nombrados por Lula o que responden a él.
El juicio, armado bajo la falsa acusación de un “intento de golpe de Estado” durante la transición presidencial de 2022, se trató de una maniobra diseñada para proscribir al principal líder opositor en el país. La defensa de Bolsonaro había solicitado que el caso fuera evaluado por el pleno del STF, compuesto por once jueces, pero el pedido fue rechazado, dejando la decisión final en manos de los cinco jueces de Lula.
La Primera Turma del STF, encargada de juzgar el caso, estuvo integrada por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, este último ex abogado personal de Lula. Dino, de Moraes y Lúcia fueron los que votaron a favor de condenar y proscribir al expresidente.
Durante el desarrollo del juicio, los magistrados expusieron sus votos de manera sucesiva, deliberando sobre los cinco cargos que enfrentaba Bolsonaro, los cuales incluían supuestos planes para alterar el orden constitucional y para coordinar las protestas del 8 de enero de 2023.
Esta condena implica un precedente sin igual en la historia reciente del país y un fuerte impacto en el escenario político, profundizando aún más la persecución política de la dictadura socialista y la proscripción de los líderes de la oposición.
Con los votos positivos necesarios, la injusta sentencia de la Primera Turma determinó que Bolsonaro es responsable de los hechos que se le imputaban, fijando una condena que podría implicar años de prisión, según los cargos vinculados al orden constitucional.
La decisión ha generado reacciones inmediatas tanto en Brasil como en el exterior, con simpatizantes del expresidente denunciando persecución política y sectores progresistas celebrando lo que consideran un paso hacia la defensa de la democracia.
