La Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado este jueves que revisará los permisos de residencia permanente de extranjeros procedentes de «países de especial preocupación» tras el tiroteo perpetrado a manos de un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.
«Bajo la dirección del presidente, he ordenado una reevaluación rigurosa y a gran escala de cada tarjeta verde para cada extranjero procedente de un país de especial preocupación», ha señalado el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), Joseph B. Edlow.
En este sentido, ha indicado que «la protección» de EE. UU. y de la población «sigue siendo primordial». «El pueblo estadounidense no asumirá el coste de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior», ha agregado.
Edlow, sin embargo, no ha especificado qué países son de ‘especial preocupación’, si bien la cadena CNN ha adelantado que se trataría de los 19 países que aparecen en la orden ejecutiva del pasado mes de junio sobre restricciones de entrada a EE. UU., entre los que se encuentran Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán o Yemen.
La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ha acusado este mismo jueves al sospechoso, identificado como Rahmanulá Lajanwal, de tres cargos de agresión con intención de matar y uno por posesión ilegal de armas por disparar a plena luz del día contra los dos agentes, que permanecen en estado crítico.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, en inglés) ha confirmado que el sospechoso del tiroteo —que se trasladó desde su domicilio en el estado de Washington hasta la capital del país— trabajó con una unidad militar de Kandahar respaldada por la CIA durante la guerra en Afganistán. Las autoridades habían descartado cualquier vínculo con el terrorismo antes de su entrada a territorio estadounidense.
Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en la capital, Washington, durante meses como parte de la ofensiva anticrimen impulsada por la Administración Trump en la ciudad, y que ha expandido a otros lugares del país.
